En la presentación de quince carillas, que quedó radicada ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, se recuerda que la marcha desde Avellaneda hacia la Capital Federal para recordar la muerte a manos de la policía bonaerense de dos manifestantes cinco meses antes había sido profusamente “anunciado con antelación”.
“El conjunto de los poderes públicos estaban enterados con suficiente antelación de la convocatoria y su naturaleza” afirmaron los denunciantes que sostuvieron que por ello “no fue casual que se pusiera tanto empeño en intentar impedir” la manifestación hacia la Plaza de Mayo.
Según los denunciantes, el despliegue policial “bloqueó el paso y lo mantuvo obturado durante casi ocho horas generando un corte de ruta que ningún manifestante tenía previsto y solo fue ocasionado por la inusitada presencia del aparato represivo”.
Los denunciantes piden que se investigue a quién “tomó la decisión de violar elementales derechos constitucionales”, como los de “reunión, petición y circulación” que fueron “violentamente coartados por la presencia de un descomunal dispositivo policial”.