La procuradora fiscal Laura Monti dictaminó a favor de la competencia originaria de la Corte Suprema en la demanda interpuesta por Neuquén contra el DNU por el congelamiento de los combustibles.
La causa por el congelamiento de los combustibles dio su primer paso. La procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Laura Monti, opinó a favor de la competencia originaria del Máximo Tribunal.
Se trata de una demanda promovida por Neuquén contra el contra el Estado nacional para obtener la inconstitucionalidad y nulidad "absoluta e insanable" del decreto de necesidad y urgencia 566/19.
La provincia, que forma parte de la principal cuenca petrolífera y gasífera, cuestionó el DNU, mediante el cual el Ejecutivo Nacional estableció que las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local durante los 90 días deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al día 9 de agosto de 2019, aplicando un tipo de cambio de referencia de 45,19 dólares y un precio de referencia BRENT de 59 dólares por barril.
Afirmó, además, que la medida “afecta negativamente los ingresos provinciales” por una menor recaudación de regalías y de impuesto sobre los ingresos brutos. Cabe recordar que el congelamiento del precio de las naftas forma parte de un paquete de medidas adoptado tras los resultados de las PASO.
También esgrimió que el decreto perjudicará el plan de inversiones y la producción, ya que la medida implicaría un costo de al menos $1500 millones para la provincia patagónica.
Neuquén es de las provincias más afectadas y la principal preocupación es lo que puede llegar a ocurrir en Vaca Muerta.
Puntualmente, el Estado provincial consideró que el DNU no cumple con los presupuestos exigidos por la Constitución Nacional, dado que, según sus argumentos, el “Congreso Nacional se encuentra en su periodo ordinario de sesiones y no existe ningún impedimento físico, jurídico o político que le impida sesionar y que los motivos esgrimidos en sus considerandos para fundamentar la urgencia de las medidas adoptadas son una mera enunciación de generalidades que no bastan para justificarlas”.
Neuquén es de las provincias más afectadas y la principal preocupación es lo que puede llegar a ocurrir en Vaca Muerta. El decreto podría interferir en los contratos de explotación de hidrocarburos y perjudicar a los concesionarios de explotación de yacimientos.
“(…) no existe declaración legislativa vigente de emergencia económica, el legislador no puede afectar válidamente los derechos de los concesionarios y de la Provincia al retrotraer, con grave desmedro patrimonial, los precios de comercialización del petróleo crudo, cuya libre disposición está”, concluyó la demanda.