Gareca, quien durante su gestión como juez procesó y encarceló a varios ex funcionarios del gobierno salteño, tiene en su contra tres causales que podrían derivar en su destitución. Estas son: "retardo de justicia" en una causa, "violación del secreto de sumario" y "falta de decoro y recato" en otra.
Sin embargo, esas imputaciones se vieron afectada cuando declararon Durand Cornejo y Monge Garzonio, quienes remarcaron que “no fue el juez quien reveló detalles de una causa” y documentaron el cumplimiento de plazos procésales en la otra.
Respecto de la "falta de decoro", a raíz de una entrevista radial en la que el juez aludió a un allanamiento a una secretaria letrada del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, fue la misma entidad de letrados la que dejó casi sin sentido tal imputación cuando reconocieron que tal funcionaria investigada fue sancionada por esos episodios a los que hizo mención el magistrado.
De esta forma, el juicio político pasó a cuarto intermedio hasta el viernes 13 de diciembre, oportunidad en la que están previstos los alegatos del fiscal y de la defensa, las últimas palabras del magistrado y, probablemente ese mismo día, el veredicto del Jury.
El juicio político en contra del magistrado salteño Roberto Gareca generó la unión de la comunidad judicial y de distintos sectores sociales de la provincia con el fin de solicitar que se deje sin efecto el proceso de remoción en contra de este, quien procesó a varios personajes notorios de la política local.
Desde las entidades que se solidarizaron con el juez se expresó que el proceso de Enjuiciamiento no tendría otro fin más que encaminarse a turbar “su ánimo” y de ese modo afectar entre otras cosas “la serenidad y la independencia", ya que remarcaron que él juez cuestionado imputo y procesó a una veintena de personajes vinculados al gobernador provincial y precandidato presidencial Juan Carlos Romero.
En el ejercicio de su función, el juez imputo y procesó entre otros, al ex intendente de la localidad de General Güemes, Rubén Cabana, quien aún permanece preso en una causa que investiga presuntas irregularidades de índole económico. Precisamente el abogado de Cabana, René González, promovió el proceso de remoción de Gareca.