Un fallo judicial ordenó al Servicio Penitenciario Federal a brindar una capacitación específica al personal de requisas del penal de Ezeiza, tras un habeas corpus presentado por la Defensoría General de la Nación.
La justicia federal de Lomas de Zamora hizo lugar a la acción de habeas corpus por agravamiento de las condiciones de detención que interpuso la Defensoría Federal Nº 1 a raíz de una requisa violenta que había tenido lugar en el Pabellón B del Módulo III del CPF I el 9 de junio de 2019. Por ese procedimiento al menos 11 de las 31 personas allí alojadas resultaron con quebraduras y lesiones por perdigones, entre otras heridas.
Según se detalla en la causa, luego de esa requisa, los detenidos, incluso quienes resultaron heridos, fueron sancionados por protestar por los malos tratos y durante cuatro días estuvieron encerrados en "la mayor parte del día" en sus celdas "en un contexto de excesiva suciedad, sin luz y con la mayor parte de las instalaciones averiadas".
Los hechos están siendo investigados en el marco de otra causa que tramita en el mismo juzgado, a partir de una denuncia interpuesta por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) del Ministerio Público Fiscal.
El juez justificó su decisión en que la propia reglamentación del SPF prevé que las requisas deben ser llevadas a cabo “exclusivamente por personal perteneciente a un grupo capacitado a tal fin”. También sostuvo que, más allá de la formación inicial que recibe el agente penitenciario, ya desde el 2015 se planteó “la necesidad de que personal abocado a dichas tareas debía recibir una capacitación específica, teórico práctica y constante; circunstancia que no se encuentra acreditada en los presentes actuados”.
Debido al escaso número de agentes que compone el cuerpo de requisa, 40 distribuidos entre los 68 pabellones que integran los 10 módulos de todo el penal, el magistrado afirmó que la intervención en circunstancias como las examinadas “indefectiblemente resulta tardía”. Por eso, exhortó a las autoridades para que “asigne una cantidad suficiente de personal especialmente capacitado que le permita reducir los tiempos de intervención, preservando de ese modo la integridad física e incluso la vida de los allí alojados”.
Los hechos están siendo investigados en el marco de otra causa que tramita en el mismo juzgado, a partir de una denuncia interpuesta por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) del Ministerio Público Fiscal.