Representantes de la oposición salieron a criticar la medida y advertir sobre su inconstitucionalidad. En tanto, los diputados Fernando Asencio (Red por Argentina) y Romina Del Plá (Frente de Izquierda) presentaron sendos proyectos de ley para derogarlo. Asencio consideró que este decreto “no respeta las instituciones, beneficia a las grandes empresas y perjudica a los más vulnerables”. “La única necesidad que tiene Macri es la de favorecer los intereses de los más poderosos y perjudicar a los trabajadores”, señaló. Por su parte, Del Plá señaló: “En un país donde los accidentes laborales se incrementan al ritmo en que aumenta la tasa de explotación laboral y se agudiza la violación de las normas más elementales de seguridad e higiene por parte de las patronales, al Gobierno le preocupa que se respete el 'equilibrio financiero del sistema', un eufemismo para referirse al beneficio millonario que amasan las empresas ART”.