Según datos oficiales, en Argentina hay más de 100.000 personas presas. La evolución de la tasa de encarcelamiento, la falta de recursos y las críticas de la Procuración Penitenciaria.
El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación dio a conocer las nuevas estadísticas sobre la situación carcelaria del país. Según el informe, en la Argentina hay más de 100.000 personas presas.
La información recopilada describe el escenario carcelario local al 31 de diciembre de 2018, y releva un total de 94.883 personas privadas de su libertad en prisiones. El número se eleva a 103.209 al añadirse las alojadas en comisarías y otros espacios de encierro.
De un año a otro la cifra creció, en términos absolutos, en casi 10.000 personas, según explicó la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) a través de un comunicado. En este sentido, el organismo analizó las cifras oficiales y señaló su preocupación respecto a la tasa de encarcelamiento en comparación con el escenario regional.
Asimismo, la Procuración alertó sobre la "utilización sistemática de la prisión preventiva", que representa la situación procesal de la mitad de los detenidos. “La persistencia de los presos/as preventivos/as debe ser comprendida como un rasgo del mal funcionamiento del sistema penal argentino y del sistemático incumplimiento de las garantías constitucionales”, indicó el organismo dirigido por Francisco Mugnolo.
Por tercer año consecutivo, la cifra de personas encarceladas por delitos vinculados con estupefacientes se ha mantenido en segundo lugar de frecuencia, sólo superada por los delitos contra la propiedad privada como robos y hurtos. Desde el organismo afirmaron que esto confirma que la persecución penal “se ha concentrado en los eslabones más débiles de las estructuras delictivas”.
“La vulnerabilidad de estas personas se expresa al observar las penas que reciben: en promedio, son condenados a seis años de prisión, lo que demuestra que la persecución penal lejos de orientarse en los responsables del narcotráfico se focaliza sobre ´mulitas´ o personas que realizan tareas de menor relevancia en la cadena de responsabilidad, como aquellas que transportan o comercializan estupefacientes a pequeña escala”, añadió la PPN.
En marzo pasado, el Gobierno nacional declaró la emergencia penitenciaria por un plazo de tres años y constituyó una comisión con objetivo de resolver el "déficit habitacional".
Del informe oficial se desprende que la mayor cantidad de personas privadas de su libertad continúan siendo jóvenes, ya que más del 60% tiene menos de 33 años. La gran mayoría pertenece a sectores educativos y económicos de alta vulnerabilidad pues 67% sólo alcanzó los estudios primarios, el 43% no tenía trabajo al momento de la detención y el 39% trabajaba de forma precaria.
En el contexto del encierro, según el documento, el 51% de las personas no asiste a educación y el 77% no realiza ningún tipo de actividad laboral o de formación.
En marzo pasado, el Gobierno nacional declaró la emergencia penitenciaria por un plazo de tres años y constituyó una comisión con objetivo de resolver el "déficit habitacional". Para el organismo, “el panorama argentino en materia de encierro es desolador” por el aumento de la cantidad de personas "dentro de un sistema que no garantiza en muchos casos derechos mínimos, condiciones básicas de alojamiento ni salubridad”.
“La sobrepoblación no ha cesado de crecer en la enorme mayoría de los servicios penitenciarios provinciales y el federal, y continúa haciéndolo, aún en contexto de emergencia”, sostuvo y concluyó: “La PPN reitera la alerta sobre el incremento del encarcelamiento y cuestiona seriamente su capacidad para solucionar o generar intervenciones positivas respecto de los problemas de inseguridad urbana”.