Por una deuda de alquiler, un fallo ordenó el desalojo de los Tribunales Federales de Morón. Se registra una deuda de seis años impagos, lo que convirtió el uso del inmueble en una ocupación ilegal.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al reclamo del dueño del inmueble donde funcionan los Tribunales de Morón y ordenó su desalojo por falta de pago del alquiler desde el año 2013, que acumula una cifra millonaria.
La Sala II, integrada por José Luis López Castineira, Luís María Márquez y María Claudia Caputi, fijó un plazo de 180 días una vez que el fallo quede firme para ejecutar el desalojo, ya que el Consejo de la Magistratura incumplió en los pagos y el dueño, Jorge Azariu, rechazó el precio ofrecido por el organismo. Además, reclamó una compensación económica por la deuda.
Si bien la Cámara ordenó el desalojo, la Corte Suprema le sugirió al Consejo que inicie los trámites para expropiar el inmueble, teniendo en cuenta que es un bien afectado a la utilidad pública.
"Si bien resulta obvio el impacto que la medida pretendida puede ocasionar en el servicio de justicia, desde que implica la relocalización de la sede de tres juzgados federales, lo cierto es que también aparece claro, en este estado de las actuaciones y a título cautelar, que le asiste derecho al propietario a recuperar el bien a más de seis años de vencido el contrato de alquiler que había sido firmado con la demandada, y luego de cinco años de no percibir suma alguna como contraprestación por su ocupación", sostuvieron los jueces.
En esa línea, los camaristas agregaron que “tampoco se vislumbra, siquiera remotamente, que se estén dando los pasos liminares encaminados hacia una solución que, además de dotar fácticamente de espacios físicos a los Tribunales Federales sitos en Morón, instrumente de modo concreto, genuino, práctico, legítimo y acorde con el bloque de normatividad constitucional y convencional vigente dicha ocupación, al menos dentro de razonables pautas temporales.
Las partes tenian un contrato de alquiler desde el 2003 hasta el 2013 y cuando se negoció la renovación del contrato del inmueble ubicado en Crisólogo Larralde 673, no llegaron a un acuerdo en el precio del alquiler.
Si bien la Cámara ordenó el desalojo, la Corte Suprema le sugirió al Consejo que inicie los trámites para expropiar el inmueble, teniendo en cuenta que es un bien afectado a la utilidad pública.
Al respecto, los magistrados resaltaron que "mantener el estado de las cosas en las condiciones actuales y continuar postergando el derecho del actor, no parece compatible con el respeto a las garantías constitucionales que lo asisten".