La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputado avanzó con el proyecto de ley para la protección de embriones no implantados. Los detalles de la iniciativa.
El proyecto de ley para la protección de embriones no implantados obtuvo dictamen favorable en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación. Para llegar al recinto de la Cámara baja deberá obtener el dictamen de las comisiones de Salud y Familia.
La iniciativa es impulsada por el diputado Daniel Filmus y cuenta con el acompañamiento de Brenda Austin (UCR), Carla Carrizo (Evolución Radical), Daniel Lipovetzky (Pro), Araceli Ferreyra y Lucila De Ponti (Movimiento Evita), Cecilia Moreau (Frente Renovador), Victoria Donda (Somos), Mónica Macha, Laura Alonso, Fernanda Raverta, Analía Rach Quiroga, Mayra Mendoza y Roberto Salvarezza (FpV-PJ). El texto cuenta con el apoyo de juristas especializados e investigadores del CONICET.
El propósito del proyecto es regular la protección del embrión no implantado, estableciendo su régimen jurídico tal como lo dispone la disposición transitoria segunda del artículo 9 de la ley 26.994 que sancionó el Código Civil y Comercial, y de conformidad con lo previsto en el Título V del Libro Segundo del Código Civil y Comercial, la ley 26.862 y normativas complementarias.
En los últimos años se han presentado en el Congreso de la Nación diferentes proyectos legislativos que tenían por fin “regular la protección jurídica del embrión no implantado y, muy particularmente, determinar cuáles son los posibles destinos de los embriones sobrantes de TRHA”. Sin embargo, todas las iniciativas perdieron estado parlamentario.
“Sucede que a mayor desarrollo y avance de las TRHA, mayor es el caudal de embriones sobrantes que por diferentes motivos, son criopreservados durante varios años sin resolverse sobre su destino con los consecuentes conflictos sociojurídicos que se deriva de ello. Este vacío legal es problemático no solo, y especialmente respecto de sus titulares, sino también respecto de las clínicas o centros especializados que al carecer de marco, en muchos casos obstaculizan derechos, señala el texto en sus fundamentos.
Sobre esta cuestión, la iniciativa advierte que la falta de regulación en torno a la protección y destino de los embriones no implantados "no es sólo una discusión de interés teórico entre corrientes ideológicas contrapuestas", sino que se encuentra en juego "el derecho a la salud, a la integridad, el acceso al avance de los desarrollos científicos y el derecho a formar una familia".
En este sentido, el proyecto indica que el argumento de la falta de regulación es “utilizado por las empresas de medicina prepaga y obras sociales como justificativo para negar la cobertura de las TRHA, en especial la criopreservación de embriones, a sus usuarios”.
De este modo, los diputados buscan llenar el “vacío legal” que, según explicaron, “repercute en cuestiones propias del derecho de familia”, ya que se generan “conflictos" en divorcios y separaciones de parejas en presencia de embriones criopreservados de titularidad de ambos.
Hace algunas semanas atrás, un juez platense autorizó a una pareja a cesar la preservación de embriones que congelaron diez años atrás, ante el deseo de no tener más hijos.
“Conflictos como los reseñados evidencian la importancia de regular el alcance de la protección del embrión no implantado. Se trata de la necesidad de contar con reglas claras en torno a qué se puede hacer y qué no con los embriones no implantados lo cual coadyuva a su protección, evita la judicialización y otorga seguridad jurídica a todas las personas intervinientes –profesionales de la medicina y pacientes-, sin depender de la suerte del juez sorteado y de los vaivenes de la interpretación jurisprudencial”, resalta la iniciativa.
Hace algunas semanas atrás, un juez platense autorizó a una pareja a cesar la preservación de embriones que congelaron diez años atrás, ante el deseo de no tener más hijos. El fallo advirtió que los derechos de la pareja “se han visto vulnerados” por parte del Poder Legislativo por las “dificultades que están obligados a atravesar los particulares, en situaciones similares, ante la falta de legislación vigente”.