El Ministerio Público de la Defensa elaboró un informe sobre la jurisprudencia local en torno al uso del cannabis medicinal. El documento destacó las barreras de orden administrativo y las dificultades que enfrentan los pacientes a la hora de acceder a la justicia.
El Ministerio Público de la Defensa (MPD) elaboró un documento sobre los casos judicializados donde se requirió cannabis medicinal para tratar alguna afección. La información se desprende del boletín "Cannabis Medicinal: Casos judicializados", elaborado por la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia.
El relevamiento de jurisprudencia identificó 18 casos. De ese total, ocho fueron resueltos por tribunales de primera instancia y diez por tribunales de apelación. De estos pronunciamientos, uno fue emitido en 2016; cinco en 2017; nueve en 2018; y tres en 2019.
Las personas que realizaron los reclamos presentaban diversas patologías como, por ejemplo, Síndrome de West, Epilepsia refractaria, HIV, Hepatitis C, Síndrome de Tourette, anormalidades de la marcha y de la movilidad, entre otras.
En más de la mitad de los casos se discutió la posibilidad de que una obra social o una empresa de medicina prepaga cubriera el costo del tratamiento con cannabis; mientras que en los restantes se demandó la provisión estatal de este tipo de producto, como también la autorización para autocultivar con fines medicinales.
La primera sentencia de la que se tiene registro se dictó en noviembre de 2016. En aquella oportunidad, los padres de un niño con síndrome de West, solicitaron a su obra social (OSPe) la cobertura integral del producto Charlotte´s Web Hemp Extract Oil.
En 2017, el Congreso sancionó la ley 27.350, que creó, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, un registro nacional voluntario y confidencial para autorizar la inscripción de los pacientes y sus familiares que presenten las patologías incluidas en la reglamentación o prescriptas por médicos de hospitales públicos que sean usuarios de aceite de cannabis y otros derivados de esa planta.
Destacaron, además, que los recursos del Estado para abastecer de este tipo de productos “todavía resultan insuficientes”, y que “la coexistencia de leyes que de un lado prohíben el cultivo y tenencia de cannabis y de otro lado autorizan su uso en determinados supuestos, junto con la falta de suministro de la sustancia por parte del Estado, han generado que algunas personas hayan recurrido a los tribunales a fin de solicitar autorización para cultivar con fines medicinales”.
Desde MPD advirtieron que las decisiones recolectadas “son una pequeña muestra de la cantidad de casos en los que el acceso al cannabis estuvo o aún está restringido”. También resaltaron las barreras de orden administrativo por “la falta de procedimientos adecuados que impiden resolver de manera simple y rápida los requerimientos en materia de salud sin recurrir a la administración de justicia”.
Destacaron, además, que los recursos del Estado para abastecer de este tipo de productos “todavía resultan insuficientes”, y que “la coexistencia de leyes que de un lado prohíben el cultivo y tenencia de cannabis y de otro lado autorizan su uso en determinados supuestos, junto con la falta de suministro de la sustancia por parte del Estado, han generado que algunas personas hayan recurrido a los tribunales a fin de solicitar autorización para cultivar con fines medicinales”.