Durante este jueves se realizó el Hackaton JusLab, organizado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Cinco grupos buscaron crear códigos para la anonimización de datos en resoluciones judiciales, asignación de causas o regulación de la inteligencia artificial
El Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Ares fue epicentro del Hackaton #JusLab. Cerca de treinta personas, munidas de sus laptos, se encontraron en la casa de estudios a fin de mejorar, gracias a la tecnología, el funcionamiento del Poder Judicial
A través de tres hackdash se englobaron los puntos de partida para el desarrollo del evento. En el primero se buscó resolver el problema nacido a la luz de la política de datos abiertos judiciales, que implica la publicación de resoluciones, y que torna necesario un sistema para anonimizar las resoluciones, que actualmente se hacen de forma manual.
De modo que varios de los paneles intentaron crear un código que busque borrar los nombres, apellidos, números de DNI, teléfonos, redes sociales, o domicilios para reemplazarlos por “XX”, donde los participantes estaban obligados a entregar en un archivo de texto plano (txt). Los datos anonimizados.
Abogados y especialistas en tecnología debatieron sobre cómo será la respuesta legal para evitar las dificultades técnicas para auditar algoritmos, o cómo definir el responsable ante un problema o error en su funcionamiento
Del otro lado, también se trabajó sobre el problema de asignación de causas en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas. Como en la justicia porteña todos los juzgados tienen igual cantidad de personal y recursos y las distintas causas se asignan de acuerdo a criterios de territorialidad y de fecha del hecho, la asignación no es proporcional y hay Juzgados con mayor carga de trabajo.
En este caso, los participantes trabajaron en pos de crear una “metodología” o “algoritmo” para asignación de causas para distribuir de forma equitativa los expedientes, con criterios tendientes a la minimización de la distancia del juzgado con el lugar del hecho.
El tercero, el de mayor implicancia legal, buscó crear un marco regulatotio de la inteligencia artificial. Abogados y especialistas en tecnología debatieron sobre cómo será la respuesta legal para evitar las dificultades técnicas para auditar algoritmos, o cómo definir el responsable ante un problema o error en su funcionamiento – responsabilidad del desarrollador o de quien usa la herramienta- incluso si existen sesgos y criterios en la selección de las muestras sobre las que se entrenan los programas. A fin de crear un proyecto normativo sobre “transparencia de algoritmos”.