Durante el 2019 se aprobaron diversas leyes que contribuyen a lograr un panorama más equitativo para las mujeres. Diario Judicial repasa las distintas normativas que comenzarán a regir en el 2020 y los proyectos que quedaron en el camino.
A pesar de la disminución de la actividad parlamentaria por el año electoral, el 2019 deja un balance positivo en materia de leyes destinadas a lograr una realidad más equitativa en los espacios públicos y privados para las mujeres.
Con 163 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones, en la última sesión del año de la Cámara de Diputados se aprobó la Ley Nacional de Talles que crea un registro único y estandarizado que deberá ser actualizado cada 10 años. El “Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria” (SUNITI) se destinará a la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años de edad.
Para confeccionar esta tabla de talles, el Estado deberá realizar en todo el país y cada 10 años un estudio antropométrico de la población, con el fin de actualizar la base de datos.
Uno de los proyectos aprobados más novedosos fue la incorporación de la violencia política como una de las modalidades de violencia de género previstas en la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Otra de las medidas fue la ley de igualdad de derechos, oportunidades y trato entre varones, mujeres e identidad de géneros en el ámbito científico, que tiene como principal objetivo incorporar la perspectiva de género en los ámbitos de la ciencia y la tecnología.
El texto sostiene que con esta iniciativa se busca "incentivar la participación de las mujeres en la ciencia y promover la paridad de género en la composición de los órganos colegiados del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación". Para ello, los organismos deberán al menos contar con un tercio de mujeres en sus órganos de decisión o una representación equivalente al porcentaje de mujeres que integren el organismo, debiendo establecer mecanismos e incentivos que permitan llegar progresivamente a la integración paritaria.
Por otra parte, recibió media sanción la ley de acoso callejero, que incluye y regula dentro del Código Penal el acoso sexual en espacios públicos como delito y se fijaran multas, que van desde los $1.000 hasta los $15.000, y penas contra toda aquella persona que acose sexualmente a otro individuo en el ámbito público.
El proyecto fue resultado de un informe de 2017 que mostró que el 100% de las mujeres aseguró haber sufrido algún tipo de acoso callejero que implicó desde piropos y gritos hasta insultos o menciones grotescas sobre los genitales de la mujer.
Finalmente, una de las sanciones más celebradas fue la Ley de Cupo Femenino en los escenarios, que exige un 30% de participación de mujeres y disidencias en festivales. La iniciativa ya había conseguida la media sanción en el Senado en el mes de marzo y, según indicaron sus impulsoras, "no solo se propone visibilizar a las músicas sino también a las mujeres y disidencias que se encargan del armado de escenarios, las que hacen puesta de luces, las sonidistas y más".
Uno de los proyectos aprobados más novedosos fue la incorporación de la violencia política como una de las modalidades de violencia de género previstas en la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Se entiende como violencia política a “aquella acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos políticos tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, incluyendo los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales y las organizaciones estudiantiles".
De esta manera,se suma a la violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática y la ocurrida en espacios públicos.
Las que quedaron en el camino
Presentado fuera de término para que llegue a recinto este año, el actual Ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro presentó a la Cámara un proyecto de ley para regular la selección y designación de magistrados, funcionarios, empleados y personal de maestranza y oficios, para garantizar la representación igualitaria de hombres y mujeres.
Según se detalla en el texto, el objetivo es que “la designación de magistrados, funcionarios, empleados y personal de maestranza y oficios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación debe realizarse respetando el principio de paridad de género, debiendo adecuarse las normas que regulan estos procedimientos a fin de incorporar este principio”.
De Pedro detalló que las ternas que se envíen al Poder Ejecutivo deben garantizar la paridad y, al momento de la remisión de los pliegos al Senado, se debe utilizar como parámetro “la composición actualizada por género del fuero y jurisdicción del cargo vacante a cubrir”.
La norma regiría tanto para la designación de personal en forma permanente, interina, transitoria o por contrato con relación de dependencia en planta transitoria.
El legislador basó el proyecto en los números que muestran una clara disparidad en el acceso a los cargos judiciales. Según las cifras presentadas, “en la provincia de Buenos Aires se advierte un 15,38% de magistradas contra un 84,62% de magistrados en la jurisdicción de Bahía Blanca; un 6,25% de magistradas contra un 93,75% de magistrados en la jurisdicción de La Plata; y un 17,86% de magistradas contra un 82,14% de magistrados en la jurisdicción de San Martín”.
En la ciudad de Mar del Plata, todos los tribunales se encuentran ejercidos exclusivamente por hombres.