La Agencia Federal de Inteligencia limitó su actuación y redujo al mínimo el ejercicio de sus funciones relacionadas con la investigación criminal y participación como auxiliar en las causas judiciales.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dispuso que los medios técnicos y humanos se aboquen al "estricto cumplimiento de las funciones primordiales" de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos y el orden constitucional, legalmente establecidas por la ley 25.520 y su modificación.
La decisión de la interventora Cristina Caamaño dispone la “reducción al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal” de la Agencia, como también su participación “como auxiliar de la justicia, ciñéndose exclusivamente a las materias propias del organismo establecidas legalmente”.
“Resulta necesario disminuir al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal de esta Agencia Federal de Inteligencia y, por ende, su participación como auxiliar en las causas judiciales, competencias éstas además propias de otros organismos estatales”, señala la resolución 17/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial.
La participación del organismo en actividades de investigación criminal se centrará exclusivamente en “delitos relativos al terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y atentatorios contra el orden económico y financiero así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”.
De este modo, los jueces y fiscales con competencia penal de todas las jurisdicciones del país deberán aplicar de forma “restrictiva la facultad de requerir la intervención” de la AFI en actividades de investigación criminal. Meses atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó a los jueces para que apliquen de forma restrictiva la norma que los faculta a requerir la intervención de los agentes de inteligencia.
La participación del organismo en actividades de investigación criminal se centrará exclusivamente en “delitos relativos al terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y atentatorios contra el orden económico y financiero así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”.