La Cámara de Senadores adelantó detalles del proyecto de ley que están armando para proteger las escuchas judiciales y que buscarán aprobar antes de fin de año. El eje central es que se pueda sancionar penalmente a quien filtre los audios.
Luego de una reunión en el Senado con Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Federico Pinedo brindó detalles del proyecto de ley para asegurar la preservación de la cadena de custodia de la información, para evitar la filtración de las escuchas.
El proyecto está siendo elaborado conjuntamente con los integrantes de la Cámara de Diputados y preven que se aprobará y sancionará antes de fin de año.
El eje principal del proyecto es que contenga normas penales que sancionen la filtración de las escuchas. “Parece atractivo cuando aparece cualquier escucha por los medios de comunicación, pero no causa ninguna gracia. Esa información se filtra a los medios, pero también se podría filtrar a narcos y nunca nos daríamos cuenta”, expresó Pinedo.
La redacción de la normativa está a cargo del senador salteño Rodolfo Urtubey, con sugerencias de parte de la Dirección de Captación de Comunicaciones, y deberá ser presentada de manera oficial en las próximas semanas, ya que "la intención es que esté aprobado antes de la discusión del Presupuesto, ante la posibilidad de que haya que reasignar partidas”.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque del Frente para la Victoria, precisó que “de la charla surgió la necesidad de afianzar la tarea de esa oficina de escuchas, así como garantizar la confidencialidad de esas escuchas y establecer sanciones duras a los que la vulneren”.
El sistema de escuchas judiciales comenzaron a funcionar con la ex SIDE, luego pasó a la órbita de la Procuración de la Nación y finalmente, con el gobierno de Mauricio Macri, recayó en la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, Lorezentti les presentó a los legisladores el plan de la Corte de elaborar un proyecto operativo de distribución federal de la agencia, para habilitar sedes regionales, basada en el pedido de jueces del interior a los que les resulta complejo acceder a la realización de las escuchas.