22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Reorganizando la Justicia penal

La Corte Suprema aprobó la propuesta de la Cámara del Crimen de reubicar al personal, luego de que el Máximo Tribunal disolviera la segunda Secretaría de los antiguos Juzgados Correccionales, que fueron unificados.

En una de sus ultimas resoluciones de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió aprobar la propuesta efectuada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de reubicar al personal de los ex-Juzgados Nacionales en lo Correccional.

La medida se tomó tras la disolución de las secretarias de los catorce Juzgados Correccionales, que fueron unificados con los restantes cincuenta Juzgados en lo Criminal de Instrucción por la Ley 27.308 de unificación de fueros y juicio unipersonal, dando lugar a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.

 

La Acordada 4/19 encomendó a la Cámara del Crimen que proponga a la Corte el destino de aquellos funcionarios y empleados a reubicarse en el ámbito del fuero penal

 

La Corte había dispuesto en 2017 que los catorce Juzgados Correccionales pasen a ser los Juzgados en lo Criminal y Correccional 50 a 63.

En marzo de 2019, y en virtud de que el artículo 3º de la Ley de Unificación dispuso la disolución de una de las dos secretarias de los ex Correccionales. El Máximo Tribunal decidió entonces que la segunda Secretaría de cada uno de los ex Juzgados Correccionales, individualizadas con los números. 52, 59, 62, 67, 75, 101, 57, 63, 65, 76, 72, 78, 80 Y 82, sean disueltas.

En esa misma acordada, la 4/19,  encomendó a la Cámara del Crimen que proponga a la Corte el destino de aquellos funcionarios y empleados a reubicarse en el ámbito del fuero penal; “con la premisa de mantener el equilibrio entre las dotaciones de esos órganos judiciales y la mejor prestación del servicio de justicia; ello, con la debida participación de la entidad gremial".

El pedido fue cumplido a principios de abril de ese mismo año, detallando las medidas adoptadas y con un criterio específico, que finalmente fue aprobado por los supremos Carlos Rosenkrantz, Eena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, que estamparon su firma en la Acordada 38/2019

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