La Justicia fue el eje central del discurso presidencial y uno de los anuncios más destacados del Presidente fue la confirmación de la emisión de un DNU para limitar las facultades de los agentes de inteligencia. Además, avanzará hacia un nuevo sistema de la AFI.
Alberto Fernández anunció que modificará la Ley de Inteligencia para limitar las atribuciones de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) e impedir que ese organismo participe en "tareas represivas", cumpla "tareas de investigación criminal como auxiliar de Justicia" y posea "facultades compulsivas o funciones policiales".
El presidente detalló que lo hará mediante la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia que saldrá publicado en el Boletín Oficial en los próximos días y postuló una serie de considerandos para llevar a cabo la política.
El DNU impedirá que los organismo de inteligencia y a sus miembros puedan realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia.
Fernández argumentó que la medida se enmarca en la "decisión irreversible de terminar para siempre con los sótanos de la democracia" y por ello pedirá la "desclasificación de los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia", en la investigación del ataque a la AMIA en 1994.
"Esa calidad institucional que pregonamos, sólo se logrará si todos ayudamos a conocer la verdad; por eso, a 26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la AFI desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento; lo mismo haremos con toda documentación reservada que exista en el organismo sobre el tema", expresó el presidente.
El DNU impedirá que los organismo de inteligencia y a sus miembros puedan realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia.
Ese tipo de operaciones solo se podrán llevar a cabo “salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley”.