El Poder Ejecutivo oficializó la renuncia de cuatro jueces y un fiscal. Las dimisiones se dan en el marco de la reforma del régimen jubilatorio que ya cuenta con media sanción de Diputados y que comenzará a ser tratado este miércoles por el Senado.
El Gobierno nacional oficializó una serie de decretos del Boletín Oficial, mediante los cuales aceptó la renuncia de cuatro jueces y un fiscal. Al mismo tiempo, el proyecto de reforma del régimen jubilatorio avanza en el Congreso.
Se trata de las renuncias del juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2, Fernando Adolfo Larraín; del magistrado de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2, Oscar Osiris Lemos; de la jueza del juzgado federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N°3, Rita de la Ascensión Garese; y del vocal de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18, Ricardo Manuel Rojas, todos de la Capital Federal.
Este miércoles se llevará a cabo una reunión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para estudiar el proyecto de ley que modifica el régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación. El texto, impulsado por el Poder Ejecutivo, cuenta con media sanción de Diputados.
También se le aceptó la dimisión de la fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Irma Adriana García Netto. Los decretos fueron publicados hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
El turno del Senado
Este miércoles se llevará a cabo una reunión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para estudiar el proyecto de ley que modifica el régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación. El texto, impulsado por el Poder Ejecutivo, cuenta con media sanción de Diputados.
La iniciativa causó malestar e incertidumbre entre los integrantes del Poder Judicial y asociaciones del sector. Las principales objeciones se vinculan a la constitucionalidad del proyecto de ley y sus posibles “consecuencias gravosas", tales como la ola de renuncias que, aseguran, se producirá en la justicia nacional y federal.
En las últimas horas se conoció un comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La entidad que nuclea a los jueces españoles expresó su apoyo a sus colegas argentinos y manifestó "el deseo de que se produzca un debate razonable, con audiencia a los afectados".
"Exhortamos a las autoridades competentes para que, antes de llevar a cabo la reforma, se sometan a un diálogo que lleve a todos a un acuerdo con el que se respete, también tras la jubilación, la dignidad y honorabilidad de la función judicial", señala el comunicado.