El Ejecutivo oficializó la renuncia de nueve jueces federales y nacionales. Estas se suman a otras dimisiones que se originaron tras conocerse el proyecto de modificación del régimen jubilatorio.
El Gobierno nacional oficializó la renuncia de nueve jueces y camaristas de todo el país, que se suman a otras nueve dimisiones anunciadas en la última semana. Los decretos fueron publicados en el Boletín Oficial con la firma de Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
De este modo, el Ejecutivo aceptó las dimisiones de la jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional 14, Beatriz Teresa Bistué; el magistrado del Juzgado en lo Criminal y Correcional 30, Jorge Adolfo López; el juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal 6, Julio Luis Panelo; el juez del Juzgado en lo Civil y Comercial 6, Francisco de Asís Leonardo Soto; el juez del Juzgado en lo Criminal y Correcional 14, Ricardo Luis Farías y el magistrado de la Cámara Tribunal Oral en lo Criminal; y Correccional 3, Miguel Ángel Caminos.
También se oficializó la salida del vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Enrique Néstor Arias Gibert; la jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Mabel Alicia De Los Santos y el magistrado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Carlos Alberto González.
El proyecto llegará al reciento el próximo jueves y los senadores oficialistas confían en obtener sanción definitiva, según fuentes del Congreso. En el temario del día también se incluyó el ingreso formal de pliegos enviados por el Ejecutivo.
Todas las renuncias se dan en el marco del debate del proyecto de reforma del régimen jubilatorio. El texto cuenta con media sanción de Diputados y obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y Presupuesto del Senado.
El proyecto llegará al reciento el próximo jueves y los senadores oficialistas confían en obtener sanción definitiva, según fuentes del Congreso. En el temario del día también se incluyó el ingreso formal de pliegos enviados por el Ejecutivo.