La Federación Argentina de Colegios de Abogados pidió a la ministra de Justicia Marcela Losardo el restablecimento del funcionamiento de tribunales. Exigió también que se incluya a los letrados dentro de las excepciones al aislamiento.
El Presidente Alberto Fernández anunció que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se extenderá hasta, al menos, el 23 de abril, y ante la incertidumbre respecto a la vuelta al ruedo de los tribunales, la Federación Argentina de Colegios de Abogados(FACA) envió un solicitud a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, para el dictado de "medidas necesarias" tendientes al restablecimiento del servicio de administración de justicia en todo el ámbito del territorio nacional.
Servicio"hoy reducido a una mínima expresión", reslata el texto, suscripto por el presidente del Cuerpo, José Luis Lassalle y su secretario General, Marcelo C.C. Scarpa.
La Federación sostiene que sin soslayar la magnitud de la pandemia desatada y la obligación de actuar en consecuencia, “estimamos que cabe en estas horas analizar la necesidad imprescindible de volver al pleno funcionamiento del servicio de justicia, cuya administración es confiada al Poder Judicial, pilar fundamental en que se asienta el sistema republicano y federal de gobierno”.
La solicitud encuentra su fundamento en “la necesidad imperiosa que el estado, único depositario de la potestad de impartir justicia, facilite a sus habitantes el libre acceso a la jurisdicción garantizando de tal modo una eficaz tutela de sus derechos y garantías”.
Una de las solicitudes más urgentes expresadas en el comunicado fue que el abogado “cuente con la posibilidad ambulatoria para cumplir, en ese exclusivo caso, su rol coadyuvante”, lo que “contribuirá a la vuelta al trabajo de miles de abogados que a la fecha se encuentran impedidos de ejercer su profesión y por ende a subvenir a sus necesidades alimentarias, propias de toda persona humana”.
“Resulta imposible que la prestación de ese servicio esencial, es de imposible cumplimiento sin el concurso de la abogacía, auxilio imprescindible a la hora de ejercer el derecho humano de acceso a la justicia” sostiene el comunicado.
La solicitud encuentra su fundamento en “la necesidad imperiosa que el estado, único depositario de la potestad de impartir justicia, facilite a sus habitantes el libre acceso a la jurisdicción garantizando de tal modo una eficaz tutela de sus derechos y garantías”.
Asimismo establece que “el propio derecho a la vida, la salud, la libertad, el trabajo, a la subsistencia, a la seguridad de las personas, y a la paz social, entre otros muchos que hacen a la condición humana, suponen la vigencia inquebrantable del derecho humano de poder recurrir a la justicia en demanda de protección o reconocimiento de aquellos otros igualmente fundamentales”.
Por ello, la Federación consideró que el servicio de justicia “constituye una obligación tan esencial como indelegable por parte del estado”, cuya restricción por razones de orden público, emergencia social o sanitaria, “no puede extenderse ilimitadamente en el tiempo sin que sus consecuencias se tornen lesivas a valores fundamentales cuya protección también debe prodigarse en justa medida”.
Cabe recordar que desde que fuera decretada la cuarentena total, el Poder Judicial en todos sus ámbitos y esferas ha adaptado sus servicios y personal al teletrabajo y las resoluciones vía web.
El pedido se suma al de otros organismos como el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), que le exigió a la Suprema Corte que tenga a disposición restablecer el servicio de justicia, dada la dificultad en muchos casos de magistrados cuyas tareas se veían obstaculizadas por la imposibilidad de reunirse con sus clientes personalmente, o la incapacidad de muchos clientes de menor clase social de acceder a servicios de internet para denuncias o consultas judiciales.