La abogacía es esencial

La extensión del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio generó incertidumbre en el sector de la abogacía, que se ve enfrentada a la paralización del servicio de justicia y la imposibilidad de generar ingresos que ello conlleva.

Ante esa perspectiva, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires envió una misiva al gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, y al presidente de la Suprema Corte, Eduardo Néstor De Lázzari, reiterando un mensaje que viene pregonando desde el anuncio del aislamiento: que el servicio de justicia debe restablecerse y que la profesión sea declarada un servicio esencial. En apoyo a esa tesitura, diputados provinciales impulsaron un proyecto de declaración.

Gobernador, contribuya

En la carta dirigida a Kicillof, Colproba sostuvo que “las abogadas y los abogados de la Provincia de Buenos Aires somos trabajadoras y trabajadores del derecho” y que “no tenemos acceso a la representación, asesoramiento y defensa de los justiciables y no podemos afrontar económicamente las necesidades básicas de nuestras familias”.

"Las abogadas y los abogados de esta Provincia, desde el año 2012 venimos capacitándonos en el uso de las notificaciones electrónicas y el expediente digital”, remarcó al entidad, que nuclea a los veinte colegios de abogados departamentales.

Por ello el colegio de magistrados de la provincia indicó que no puede sostenerse en el tiempo la idea de un país en el que el poder judicial esté de asueto, y soslayaron que resulta fundamental modificar el estado de asueto “que no encuentra siquiera fundamento jurídico, como así también la suspensión de términos y el sistema de turnos, para dar inicio al funcionamiento completo e integral del sistema de justicia en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio y con la puesta en marcha total del expediente digital que posibilita y permite el teletrabajo”.

Al respecto, Colproba agregó que “las abogadas y los abogados de esta Provincia, desde el año 2012 venimos capacitándonos en el uso de las notificaciones electrónicas y el expediente digital”, que invirtieron “dinero y tiempo en la compra de insumos”, y que es “el momento indicado para que todo ese esfuerzo encuentre su cauce con la posibilidad efectiva de utilización de manera remota por parte del Poder Judicial y ello pueda garantizar el pleno acceso a la justicia de todas y todos los bonaerenses”.

Asimismo, la entidad afirmó que la protección del estado de derecho implica “el funcionamiento pleno de los tres poderes”, y solicitaron al Gobernador “que dentro del marco de las medidas dictadas a nivel nacional y provincial y cuidando por sobre todo la salud de cado uno de los ciudadanos, ciudadanas y trabajadores de esta Provincia, declare como esencial la prestación del servicio de justicia, garantizando así la necesidad de su pleno restablecimiento a través de los medios tecnológicos vigentes”.

Por último, desde la entidad sugirieron una serie de medidas para restablecer con normalidad el servicio de justicia: limpieza y desinfección en los estudios antes y después de cada jornada; ingreso permitido únicamente previa higiene de las personas con alcohol en gel; utilización obligatoria por parte de los miembros del estudio y de las personas a atender de barbijo y/o cubreboca; prohibición de atención a mayores de 65 años, embarazadas, niños y/o cualquier otra personas con factores de riesgo; horario limitado de lunes a viernes hábiles de 10 a 15 hs, entre otras.

¿Dónde esta la Suprema Corte?

En otro comunicado, Colproba se dirigió al Presidente de la Suprema Corte, Eduardo Néstor De Lázzari, destacando que cuando se comenzaron a dictar medidas en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid 19 (Coronavirus), el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires emitió un pronunciamiento, en el que planteaba firmemente la necesidad que se mantuviera el acceso a la jurisdicción a través del ejercicio profesional de las matriculadas y matriculados.

En ese orden, Colproba manifestó que la Suprema Corte de Justicia “asumiendo su liderazgo como máximo responsable de uno de los tres poderes del Estado provincial, debe dictar -expresándose en términos inequívocos- todas las normas necesarias tendientes a esa finalidad.

Agregó que “teniendo en cuenta el avanzado funcionamiento del Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas en la justicia provincial, se arbitraran las medidas necesarias para que se canalizara por esa vía la mayoría de los actos procesales de cada fuero”. Por otro lado, Colproba indicó que el dictado de la Resolución 18/20 incluye dos cuestiones muy graves desde lo institucional.

“La primera que se reconoce que a casi un mes desde el dictado de la resolución 10/20 muchos jueces y funcionarios -desconocemos cuántos- no han solicitado los permisos correspondientes, por lo que cabe presumir que no han prestado servicios durante todo este tiempo. La segunda es que pretende limitar veladamente las cuestiones que había delegado a las Cámaras departamentales para que -dentro de su función de superintendencia organicen el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales dentro de su órbita” sostiene el comunicado.

En ese orden, Colproba manifestó que la Suprema Corte de Justicia “asumiendo su liderazgo como máximo responsable de uno de los tres poderes del Estado provincial, debe dictar -expresándose en términos inequívocos- todas las normas necesarias tendientes a esa finalidad y controlar exhaustivamente su cumplimiento por magistrados, funcionarios y empleados judiciales, como forma de asegurar un adecuado desenvolvimiento del servicio de justicia en este contexto de emergencia”.

Al igual que al gobernador, Colproba exigió a De Lázzari que: “se informe públicamente desde ese Máximo Tribunal respecto de la existencia de una planificación integral y cada una de las medidas proyectadas tendientes al restablecimiento del servicio de justicia, prioritariamente bajo modalidades electrónicas; se hagan públicas las fechas de reanudación de los términos procesales y de finalización del asueto; se reglamente la prestación de servicios por parte de Magistrados, Funcionarios y Empleados judiciales bajo la modalidad de teletrabajo y se controle exhaustivamente su cumplimiento; y por último que se requiera a todos los titulares de órganos jurisdiccionales que elaboren y publiciten por intermedio de los Colegios de Abogados departamentales y dentro de las próximas 48 horas, el plan elaborado para restablecer el funcionamiento de cada uno de dichos órganos en la contingencia.

La abogacía como actividad esencial

Una serie de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, Alex Campbell, Noelia Ruiz, Susana E. Lazzari, Guillermo Sanchez Sterli, Rosio Antinori, Sandra Paris y Daniel Lipovetzky, elevaron un proyecto de declaración solicitando la necesidad de reanudar el sistema de administración de justicia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, incorporando el ejercicio de la abogacía como un actividad exenta del aislamiento social, preventivo y obligatorio, a través de la implementación de un protocolo sanitario especial en relación al régimen sancionado mediante el DNU 297/2020.

Los diputados afirmaron que la protección del estado de derecho implica mantener sus atribuciones básicas, como el funcionamiento pleno de los tres poderes, sobre todo en situaciones excepcionales.

“El sistema de administración de la justicia, que en gran medida depende de la práctica profesional de la abogacía, es esencial tanto para la protección de los derechos de la ciudadanía como para mantener la vigencia plena del estado de derecho” afirma el proyecto. Los legisladores indicaron que “hasta el momento, el ejercicio profesional dela abogacía, elemento indisociable de la administración de justicia, no ha sido considerado como una profesión de relevancia tal como para ser incluida dentro de las actividades profesionales amparadas en las excepciones a la cuarentena general y obligatoria”.

“Dando por sentado la importancia del mantenimiento de la cuarentena generalizada, la suspensión de hecho de las actividades profesionales ligadas a la abogacía impacta negativamente tanto en la estructura de la administración estatal, en particular del Poder Judicial, como así también en la protección general de los derechos de la ciudadanía” manifestaron.

En esa línea indicaron que mediante el Acuerdo 3886/18, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires avanzó de forma significativa en la digitalización total del proceso administrativo dentro del Poder Judicial bonaerense; una innovación tecnológica capaz de mantener el funcionamiento normal de la justicia en un marco de excepcionalidad como es el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Los diputados afirmaron que la protección del estado de derecho implica mantener sus atribuciones básicas, como el funcionamiento pleno de los tres poderes, sobre todo en situaciones excepcionales.

“Instamos al funcionamiento pleno de las instituciones de la democracia, en este caso particular de la justicia, mediante el reconocimiento de la abogacía como un servicio esencial, haciendo uso de los recursos informáticos y de las nuevas tecnologías de la comunicación que ya se encuentran disponibles para que una necesaria política de contención sanitaria no opere involuntariamente contra los derechos de la ciudadanía” concluye el proyecto.