El Superior Tribunal de Río Negro informó que la justicia provincial se ajustará a las medidas sanitarias dictada por el gobierno nacional y extenderá la feria judicial extraordinaria, pero le pidió a los jueces que vean la posibilidad de avanzar en procesos judiciales no urgentes.
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, con la conformidad del Procurador General, prorrogó la feria, en consonancia con el gobierno, pero a la vez amplió los servicios y las temáticas que podrán abordarse -prioritariamente de manera no presencial- durante la continuidad de la cuarentena.
Los miembros del Tribunal solicitaron a los jueces de "todos los fueros e instancias procedan al dictado de las sentencias e interlocutorios que se encontraren en estado para resolver” antes de la cuarentena", y que las mismas “sean informadas en la lista de despacho, sin que ello implique notificación a las partes, la que debe efectuarse en la forma indicada por la ley procesal que corresponda, en el momento oportuno”.
Para esta etapa, el Superior Tribunal autorizó el uso de la mesa de entradas virtual para la presentación de cualquier tipo de actuación judicial, se relacione la misma o no con cuestiones urgentes o con expedientes en trámite.
Para ello, “el organismo destinatario de la presentación debe decidir, con la mayor amplitud posible, si se encuentra en condiciones de disponer la tramitación de la misma” evaluando “la dotación de personas disponibles y modalidad de teletrabajo, y en la medida que se pueda reguardar la garantía del debido proceso”, especificaron.
Sobre la continuación de la feria, los magistrados explicaron que “corresponderá en los próximos días el análisis prudente de la posibilidad de habilitación de un mayor número de asuntos susceptibles de ser tramitados en los distintos fueros e instancias, para lo cual se ponderarán debidamente las propuestas realizadas por la abogacía organizada de la matrícula”.
Al respecto, detallaron que "esta labor tendrá en cuenta las condiciones epidemiológicas imperantes a la fecha para evitar que “eventuales habilitaciones puedan provocar incidencia negativa en las labores que, Estado y sociedad, están llevando adelante para prevenir y combatir la pandemia”.
La Acordada fue firmada de manera íntegramente digital.