La Justicia Federal de Formosa hizo lugar a un habeas corpus y ordenó al gobierno provincial garantizarle condiciones de alojamiento dignas a las personas que son puestas en cuarentena en hoteles y otros centros dispuestos para tal fin.
El Juzgado Federal de Formosa, a cargo de Fernando Carbajal, hizo lugar parcialmente al recurso de Hábeas Corpus presentado y ordenó al Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 de la provincia a garantizarle condiciones dignas de alojamientos a las personas puestas en cuarentena en la Escuela de Cadetes.
En la causa caratulada “Davis Juan Eduardo, Suize Daniel Isaías, Lee Carlos Roberto s/ Habeas Corpus”, el juez determinó que los lugares de aislamiento deben ser habitaciones individuales o dobles; se debe resguardar la intimidad de las personas; deben tener baños privados; provisión de ropa de cama y toallas; habitaciones acondicionadas,y la provincia deberá asegurar alimentos y elementos de higiene personal.
Asimismo, deberán tener garantizado la conectividad a internet, libros, y televisión; agua potable fría y caliente y asistencia farmacológica y psicológica adecuada.
El fallo exigió a la provincia que las habitaciones aseguren la intimidad de las personas y a disponer de personal que no sean de la fuerza para mediar entre los alojados y las autoridades.
La acción fue interpuesta contra las condiciones de alojamiento de las personas que se encuentran en la Escuela de Cadetes de la Policía formoseña cumpliendo con el aislamiento que impone la provincia a quienes ingresan al territorio como mecanismo de prevención.
Al respecto, Carbajal resaltó que no existe ninguna ilegitimidad o arbitrariedad en las medidas dispuestas por el gobierno de Formosa que, junto a Catamarca, son las únicas provincias que aún no registran casos de Coronavirus.
En las últimas horas, lejos de flexibilizar el aislamiento por falta de contagios y tras este fallo, el Poder Ejecutivo provincial prohibió el ingreso de personas al territorio, hasta tanto se garanticen todas las condiciones exijidas por la justicia.
El fallo exigió a la provincia que las habitaciones aseguren la intimidad de las personas y a disponer de personal que no sean de la fuerza para mediar entre los alojados y las autoridades.