Escaló el conflicto entre la UEJN y la Asociación de Magistrados por la convocatoria a prestar tareas en tribunales. Mientras el gremio se mantiene firme en el rechazo al llamado de agentes para efectuar tareas, la AMFJN le reprochó la utilización de “Patrullas sanitarias” y sus comunicados “en términos amenazantes”.
El limitado funcionamiento de sistema de administración de justicia nacional mantiene un conflicto latente en materia de organización del trabajo y requerimientos a prestar tareas, y los cuestionamientos desde el gremio de empleados judiciales, que pide por la seguridad de sus afiliados.
Tras distintas convocatorias dispuestas por Cámaras de Apelaciones para que acuda personal para cumplir con las actividades que no pueden realizarse de manera remota, como tareas de maestranza o el retiro de expedientes, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional salió con los tapones de punta y avisó que “no admitirá que se convoque a ningún agente y/o se lo presione para efectuar tareas dentro de las dependencias”.
“El retiro de expedientes para la elaboración de proyectos de sentencia, dictado de providencia de prueba, resolución de excepciones u otro despacho, mediante el sistema de teletrabajo debe, necesariamente, ser efectuado por los magistrados y funcionarios de las distintas dependencias”, señala el gremio comandado por Julio Piumato por medio de un comunicado, en el que critica una resolución de la Cámara del Trabajo.
El gremio adelantó que denunciará a todos aquellos magistrados y/o funcionarios “que mediante presiones o amenazas de sanción convoquen a los compañeros/as a prestar tareas dentro de las dependencias y los hará además responsables por las consecuencias que su actuar pudiera generar”
También cuestionó medidas de la misma índole por parte de la Cámara en lo Penal Económico, que dispuso guardias presenciales, “al menos durante el horario de atención de los tribunales”, y también convocar a funcionarios de maestranza.
Para la Unión, son los mismos magistrados “quienes deben alcanzar los expedientes en cuestión a cada uno de los compañeros convocados para dicha tarea, en el lugar en que estos se encuentran cumpliendo la cuarentena”, ya que los expedientes son de su responsabilidad exclusiva.
El gremio adelantó que denunciará a todos aquellos magistrados y/o funcionarios “que mediante presiones o amenazas de sanción convoquen a los compañeros/as a prestar tareas dentro de las dependencias y los hará además responsables por las consecuencias que su actuar pudiera generar”.
Desde el sector que agrupa los funcionarios de rango dijeron basta. Por medio de otro comunicado, la entidad expresó que soportó la actividad de control del gremio con las llamadas “patrullas sanitarias” que realizaban controles en tribunales para ver quienes habían sido convocados a prestar tareas, pero las advertencias ante las nuevas convocatorias agotó la paciencia.
Desde la Asociación de Magistrados manifestaron que “en muchos casos” ejecutan -sin exteriorizaciones públicas ni reclamos- tareas de limpieza, diligenciamiento de oficios, vistas y pases,
“Los/as magistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos han sido respetuosos y acatado la decisión de las máximas autoridades de este poder del Estado, en punto a que las actividades que deben cumplirse de modo presencial durante la feria extraordinaria resulten asumidas prioritariamente por éstos/as”, señala el comunicado, que lleva la firma del presidente de la AMFJN, Marcelo Gallo Tagle.
Desde la Asociación de Magistrados manifestaron que “en muchos casos” ejecutan -sin exteriorizaciones públicas ni reclamos- tareas de limpieza, diligenciamiento de oficios, vistas y pases, “y varias cuestiones administrativas básicas que se suman a las que les resultan propias y exclusivas por imperio de la Constitución Nacional, la ley y los reglamentos de cada fuero.
Según la entidad, la posición pública asumida por el gremio fue “en términos amenazantes y descentrados de lo que debería ser el objetivo común: mantener la vigencia del servicio de justicia de la manera más eficiente posible”. Por ello se salió a aclarar que “ los derechos a la vida y la salud, tanto propios como del entorno familiar, no reparan en jerarquías funcionales sino que “alcanza con la simple -y a la vez grandiosa- condición de persona humana para poder gozarlos y exigirlos en pie de igualdad con cualquier semejante”.
El texto ponderó que, de acuerdo con las resoluciones de la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación el único criterio que rige para impedir el trabajo presencial “es la inclusión del trabajador en alguno de los grupos de riesgo definidos por la autoridad sanitaria” .
“Pero tal conducta, inspirada en el entendimiento de que la extraordinaria coyuntura que nos rige requiere extrema comprensión y tolerancia, en modo alguno debe interpretarse como asentimiento de situaciones inequitativas y abusivas”, agregó el comunicado, que exhortó “a todos los operadores desde cada una de las funciones que nos corresponden a continuar honrando el servicio de justicia”.
La limpieza una asignatura pendiente en Tribunales
Se trata de un problema que se arrastra de lejos,y que ahora, con el coronavirus, quedó en evidencia. La higiene en los distintos edificios de la Justicia deja mucho que desear. En los baños difícilmente se encuentre jabón, toallas para secarse las manos ni papel higiénico. Mientras que dentro de los juzgados, cada empleado se arregla su propio escritorio y su espacio habitual de trabajo. Hay personal de maestranza, pero su tarea lejos de ser el de la limpieza profunda tiene que ver más con tareas de apoyo, llevar y traer expedientes, servir café, sacar fotocopias, acomodar papeles, entre otras. Si a esto le sumamos que hay una gran cantidad de este personal que por edad se encuentra dentro de la población de riesgo, eximida de concurrir a su lugar de trabajo, es evidente que no va a ser fácil volver a la normalidad.