El protocolo de actuación y las recomendaciones presentadas por el Tribunal Superior de Justicia al Gobierno de Córdoba fue autorizado por las autoridades provinciales. Buscan contar con la presencia del personal indispensable en las sedes judiciales.
Actualmente, se están definiendo criterios generales de actuación que aseguren la prestación del servicio de justicia de manera presencial, adaptado al contexto de cada sede judicial, en el marco de la realidad sanitaria local.
Por ello, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la Provincia de Córdoba autorizó el protocolo de actuación y las recomendaciones generales para servicio presencial de justicia que presentó el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) y el Ministerio Público Fiscal.
El texto busca establecer criterios generales de actuación que aseguren la prestación del servicio de Justicia de manera presencial, adaptable al contexto de cada sede judicial, administrada en el marco de la realidad sanitaria local. Los parámetros recomendados incluyen medidas relativas a infraestructura, tecnología, a la presencialidad mínima del personal y sanitarias a fin del cumplimiento de las recomendaciones de la OMS, y las que surjan de normativas nacionales y provinciales.
Dentro de los recaudos a tener en el espacio físico se recomiendan: la instalación de vinilos o vidrios protectores en las barandillas o mesas de entrada de las diferentes dependencias con atención al público; señales visuales de distanciamiento.
Esto significa que podrán implementarse mayores servicios presenciales en las sedes judiciales ubicadas en Villa Dolores, Cruz del Eje, Laboulaye, Deán Funes, La Carlota y Villa Cura Brochero, conforme a la Disposición n.° 07/2020. En estas “zonas blancas” se habilitarán excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y a la prohibición de circular.
En una primera etapa, se autorizará la presencia mínima indispensable del personal por oficina y, en ningún caso, se incluirán a personas que integren grupos de riesgo. Cada anexo al protocolo general, ya aprobado por el COE, contendrá las especificidades de cada sede, conforme lo que se está trabajando con las delegaciones del interior, y la fecha de inicio de su implementación. Además, tales documentos deberán ser debidamente aprobados por el TSJ antes de su puesta en marcha.
Cabe recordar que en el Acuerdo Reglamentario n.° 1623, el Alto Cuerpo resolvió mantener la declaración de inhábiles de los plazos procesales y administrativos hasta el 10 de mayo del 2020, inclusive, salvo para los actos procesales y administrativos que fueren válidamente cumplidos.
Dentro de los recaudos a tener en el espacio físico se recomiendan: la instalación de vinilos o vidrios protectores en las barandillas o mesas de entrada de las diferentes dependencias con atención al público; señales visuales de distanciamiento (colocar marcas en el piso que indique las distancias de seguridad entre los usuarios que esperan atención con turno); ventilación de los ambientes; puesto de sanitización en los puntos de acceso a los establecimientos, etc.