Ni Una Menos, un nuevo aniversario

El 3 de junio de 2015 miles y miles de mujeres en todo el país se organizaron y salieron a la calle para pedirle al Estado la implementación de políticas públicas y el cumplimiento de las leyes que garanticen una vida libre de violencia. El detonante fue el femicidio de Chiara Páez, en Rufino, en manos de su novio. Tenía 14 años y fue enterrada en el patio de un familiar del acusado.

Desde ese día, todos los 3 de junio las plazas del país se llenan de personas que conmemoran el Ni Una Menos con largas jornadas de marcha. El reclamo fue de tal magnitud desde su inicio que no fue simplemente una movilización sino que obligó a todo el arco político a readecuar su agenda y su discurso, y contemplar las cuestiones de género a la hora de planificar o ejecutar políticas. El movimiento también hizo mella en el Poder Judicial.

Jueces, fiscales y todo el personal de la justicia se vieron obligados a revisar su manera de trabajar, investigar, emitir sentencia  e incluso cambiar la interpretación del derecho a la que estaban acostumbrados. Notaron la necesidad de una capacitación constante y de crear unidades especializadas en cuestiones de género, entre las que hoy se destacan la Unidad Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) o la Oficina de la Mujer (OM).

El Congreso de la Nación hizo lo propio y hoy tiene en su haber el dictado de numerosas leyes apuntadas a asegurar un panorama mas igualitario. Alguna de ellas son la Ley Micaela, que obliga a los agentes de todos los poderes a capacitarse en perspectiva de género; la ley de paridad de género en los ámbitos de representación política; ley de cupo femenino; ley de cupo femenino en festivales y varias modificaciones a la  ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres.​

Si bien la cuantificación de medidas puede leerse como un panorama optimista para mujeres y disidencias, lo cierto que el número de femicidios no baja. El último registro nacional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación arrojó que durante el 2019 se identificaron 252 víctimas directas de femicidio.

La ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollan sus Relaciones Interpersonales, puede considerarse la pionera de las leyes de protección, ya que es la que tipifica los tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres. En su última modificación, meses atrás, sumó a la violencia política a las ya estipuladas física, sexual, económica, psicológica y simbólica.

Con la asunción de Alberto Fernández a la presidencia, el pasado diciembre, se anunció la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGyD), a cargo de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta. Esto puede leerse, en el plano de lo simbólico, como la primera gran medida proveniente del Poder Ejecutivo para dar respuesta a los reclamos, independientemente de los resultados del trabajo de la Cartera. 

Si bien la cuantificación de medidas puede leerse como un panorama optimista para mujeres y disidencias, lo cierto que el número de femicidios no baja. El último registro nacional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación arrojó que durante el 2019 se identificaron 252 víctimas directas de femicidio. Esta cifra incluye 5 travesticidios/transfemicidios. También se identificaron 16 víctimas de femicidio vinculado. Al sumar ambas categorías, la cifra de víctimas letales de la violencia de género en Argentina durante 2019 ascendió a 268.

Según se desprende del informe, el promedio de edad de las víctimas directas de femicidio fue de 37,6 años. "Ahora bien, si se tiene en cuenta todas las víctimas, 26 eran niñas y adolescentes, lo que representa a más del 10% del total", aclaró el documento.

De ellas, hubo siete menores de 13 (trece) años. Luego, entre los 18 y los 24 años, se encuentra el 13% de las víctimas. Más de 1 de cada 4 víctimas (25%) tenía entre 25 y 34 años al momento del hecho, siendo el grupo etario más frecuente. "De manera conjunta, 35% de las víctimas tenían entre 35 y 59 años".

Las cifras recrudecieron con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado en el país a raíz de la pandemia por el Covid-19 y sucedió, principalmente, por la permanencia de las víctimas en el mismo lugar que su agresor. Esto puso en alerta nuevamente a los representantes de los poderes quienes debieron dictar medidas y trabajar articuladamente de manera improvisada. Entre otras, el fuero civil decidió prorrogar de manera automática todas las medidas dictadas en causas de violencia de género (como órdenes de restricción, botones antipánicos y exclusión del hogar), según se iba extendiendo la cuarentena.

Asimismo, se autorizó a las personas víctimas de violencia a romper la cuarentena para poder denunciar y actualmente el Ministerio de Justicia se encuentra trabajando en un plan de contingencia en conjunto al Ministerio de Mujeres y el Ministerio de Seguridad, que deberá estar listo en menos de 60 días.

En la medida que los femicidios no bajen no se puede hablar de políticas legislativas o judiciales totalmente efectivas. 

Hoy, como cada tres de junio, en Argentina se vuelve a entonar la misma consigna: Ni Una Menos, vivas nos queremos.