El Consejo de la Magistratura puso la lupa sobre los traslados de jueces y los alcances del cuestionado mecanismo. Se trata de diez magistrados trasladados en los últimos años, a quienes se los objetó por la falta de acuerdo del Senado.
El traslado de jueces volvió a ser un tema central en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La Comisión de Selección y Escuela Judicial, encabezada por Graciela Camaño, comenzó a debatir este jueves la interpretación y alcances del instituto a raíz del proyecto impulsado por el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, quien cuestionó docenas de traslados realizados en los últimos años.
Se trata de un extenso informe sobre 38 traslados realizados desde 1998, entre los que se destacan los magistrados Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata.
“Este Cuerpo tiene una gran responsabilidad institucional”, señaló Ustarroz, quien sostuvo que el procedimiento de concurso “es el mecanismo natural y único de designación de magistrados”.
Ustarroz cuestionó un total de diez traslados por considerar que el “mecanismo se desnaturalizó”, y objetó supuestos incumplimientos, en especial la falta de intervención del Poder Legislativo de la Nación mediante el acuerdo del Senado.
El proyecto surgió por la reciente solicitud de los jueces Roberto Julio Naciff y Alejandro Esmoris, quienes pidieron su traslado a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín, respectivamente.
Actualmente no existe normativa que regule los traslados, y la Corte Suprema solamente fijó algunos alcances del instituto en las acordadas 04/2018 y 07/2018. “Si bien hay un vacío legal, hay un lleno constitucional”, afirmó Ustarroz.
Desde el oficialismo negaron que el objetivo sea revisar actos anteriores. “Se trata de analizar los traslados con el prisma constitucional que ha determina la Corte Suprema, a los fines que el Poder Ejecutivo pueda definir peticiones concretas”, aclaró la diputada del FpV, Vanesa Siley.
Todas las miradas se enfocan en la situación de Bruglia y Bertuzzi, que integran la Sala I de la Cámara Federal porteña. “No venimos a darle impunidad a nadie. Yo vengo a garantizar que se cumpla la Constitucional Nacional y las leyes”, dijo el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, quien aclaró que los actos dictados por estos magistrados tienen absoluta validez.
"El desafío que tenemos por delante es ver cómo resolvemos el problema que tenemos, que debe ser lo más ajustado a la Constitución", opinó Camaño durante el encuentro, que pasó a un cuarto intermedio hasta la semana próxima.
Pablo Tonelli, por su parte, argumentó que los traslados siempre existieron en la Justicia Federal y que la Corte Suprema ha convalidado en reiteradas ocasiones la práctica, siempre y cuando los jueces prestaran su consentimiento y se hubiera dictado el respectivo decreto por parte del Ejecutivo. Sin embargo, el diputado del Pro advirtió que el "Consejo carece competencia para analizar y revisar traslados", y que resaltó que la única forma de revocarlos es mediante una sentencia.
A pesar de las discrepancias, los consejeros coincidieron en la necesidad de avanzar con una normativa que ponga fin al debate. El propio Tonelli presentó hace más de dos años un proyecto de ley para reglamentar los traslados de magistrados del Poder Judicial, sin embargo, la iniciativa no logró consenso en el Congreso.
Juan Manuel Culotta, representante del estamento de los magistrados, coincidió en la falta de competencia del órgano. Opinó, asimismo, que revisar los traslados sería “grave” porque “generaría inseguridad jurídica” por “verse afectados derechos subjetivos de los magistrados” y la “garantía de inamovilidad”.
“Con ese criterio podría revisarse cualquiera de los actos válidamente cumplidos y estables frente a cada cambio de composición del Cuerpo”, advirtió y concluyó: “No se puede volver para atrás”.
A pesar de las discrepancias, los consejeros coincidieron en la necesidad de avanzar con una normativa que ponga fin al debate. El propio Tonelli presentó hace más de dos años un proyecto de ley para reglamentar los traslados de magistrados del Poder Judicial, sin embargo, la iniciativa no logró consenso en el Congreso.