Los tomadores de créditos, perjudicados por un veto presidencial que los obliga a pagar el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) con retroactividad, podrán recurrir a la Justicia o juntar firmas para que el Congreso trate una nueva ley que los exima de actualizar sus deudas.
Una de las variantes que comenzó a evaluarse en los organismos de defensa de consumidores es recomendar a los deudores por créditos hipotecarios, prendarios o personales que soliciten su propia convocatoria de acreedores en un intento por revertir la situación.
De hecho, legisladores de las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Congreso Nacional instruyeron hoy a los asesores del área a analizar los alcances del veto de una ley complementaria que eximía de la aplicación del CER a los deudores con anterioridad al 30 de septiembre de 2002.
“Vamos a estudiar el tema”, dijeron a Diariojudicial.com desde el despacho del diputado radical Fortunato Cambareri, integrante de esa comisión.
El veto pone ahora a los deudores en la obligación de cancelar la diferencia, a pesar de que durante el año pasado cumplieron con el pago de sus cuotas, ya fuese sobre créditos hipotecarios, personales o prendarios.
La titular de ADECUA, Sandra González, anticipó que los abogados de la entidad comenzarán también a trabajar sobre el tema. “De todas formas, si se necesitan las 630 mil firmas para impulsar un nuevo proyecto que salvaguarde los intereses de los deudores, creo que las juntamos en un solo día”, dijo.
El inconveniente para una iniciativa de ese tipo es que el Congreso Nacional se encuentra en el período anual de receso y solamente una medida cautelar de la Justicia podría suspender la aplicación de la normativa, según sostienen asesores legislativos.
Además, los deudores que se apuraron a cancelar el año pasado los créditos tomados no recibieron de los bancos ningún certificado que así lo expresara, ya que las entidades estaban a la espera de una circular del Banco Central que aclarase la situación.