La Cámara Civil y Comercial Federal se pronunció en contra del proyecto de ley de la reforma judicial que implica la unificación del fuero con el Contencioso Administrativo. "Implica soslayar la especialidad de cada fuero, ganada durante décadas de funcionamiento autónomo", señalaron los magistrados.
Los magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Guillermo Alberto Antelo, Fernando Uriarte, Eduardo Daniel Gottardi y Alfredo Silverio Gusmán, firmaron un acuerdo donde opinaron sobre al proyecto de ley de reforma de la justicia federal, iniciado por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Senadores.
Los camaristas cuestionaron que la fusión propuesta entre los fueros civil y comercial y contencioso administrativo implicaría una violación al principio de juez natural, dificultades en en el funcionamiento de los juzgados, así como, problemas de espacio en la ubicación del personal -al aumentar su número-. Particularmente, se expresaron acerca de las cuestiones que se relacionan a su competencia y funcionamiento.
"Es materialmente imposible en ese escaso período capacitar al personal para las nuevas competencias asignadas, reasignar y redistribuir la áreas administrativas de ambas cámaras y dictar un nuevo reglamento general, máxime en el actual contexto de emergencia sanitaria"
"La unificación propuesta en el proyecto implica soslayar la especialidad de cada fuero, ganada durante décadas de funcionamiento autónomo, y poner en mano de jueces que son producto de tal unificación la decisión de expedientes sobre materias ajenas a su conocimiento específico, y su experiencia, y para los cuales no fueron nombrados", expresa el texto de la acordada.
Otro de los puntos atacados por la Cámara fue el escaso margen de plazo de transición para la capacitación y adaptación hacia las nuevas medidas implicadas en el proyecto.
En otro sentido, Ricardo Recondo se excusó de participar del mismo por razones de prudencia y por ser parte del Consejo de la Magistratura.
“En el caso de que la unificación reciba consagración legislativa, debemos alertar sobre el exiguo plazo de 30 días previsto por el proyecto como plazo de transición. Es materialmente imposible en ese escaso período capacitar al personal para las nuevas competencias asignadas, reasignar y redistribuir la áreas administrativas de ambas cámaras y dictar un nuevo reglamento general, máxime en el actual contexto de emergencia sanitaria, que es de conocimiento público" afirmaron los magistrados.