Más voces para debatir la reforma

Una nueva sesión informativa sobre la reforma judicial se llevó a cabo de manera virtual ante comisiones del Senado. En esta oportunidad, participaron María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal; Julio Piumato, titular del gremio judicial, Judiciales; Carlos Balbín, ex procurador del Tesoro; Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación; José Luís Lasalle, en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), y el constitucionalista Daniel Sabsay.

También disertaron Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM); Carolos Rolero, presidente del Colegio de Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires; la camarista Magdalena Laiño Dondiz; el juez Aníbal Segura; el secretario general adjunto del gremio de judiciales en la Ciudad, Juan Manuel Rotta Escalante; María Ureña Ruso, de SITRAJU; el camarista Omar Minatta; la académica María Gattinoni de Mujía; y Sebastián Pilo, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

Julio Piumato sorprendió con su declaración, al expresar su descontento por no haber sido partícipes de la discusión previa al envío del proyecto, declaró que esperaba que el presidente Alberto Fernández los consultara “como había prometido” antes de enviarla al Congreso y calificó la presentación de la iniciativa como “inoportuna” en medio de pandemia.

“¡Estamos en una situación de emergencia judicial, los edificios se caen en todo el país!”, sostuvo Julio Piumato respecto a la actualidad del Poder Judicial y advirtió que el sistema informático  también está colapsado

“Desde la vuelta de la democracia todas las reformas que se han hecho no han ido en el sentido que se quiso. Desgraciadamente la justicia se ha ido deteriorando”, arremetió y consideró que en un “plan estratégico” debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, “el perfil del juez, qué tipo de juez, cuáles son los parámetros que debe tener”.

“¡Estamos en una situación de emergencia judicial, los edificios se caen en todo el país!”, sostuvo respecto a la actualidad del Poder Judicial y advirtió que el sistema informático  también está colapsado, al igual que juzgados y tribunales. “Es un error encarar una reforma que tiene que ver con una intención específica del gobierno del turno”, remarcó.

A su turno, María Laura Garrigós de Rébori se mostró en contra de los discursos que hablan del gasto que deberá afrontar el Estado para la implementación de la reforma y remarcó que “cuando hablamos de recursos hay que pensar que se va a contar con los recursos humanos que ya tiene el Poder Judicial porque esta reforma prevé el desdoblamiento de juzgados que tienen dos secretarías”. Respecto a la unificación de fueros, enfatizó que “los fueros van a contar con todos los recursos que hoy disponen y aún mejor distribuidos”.

 

“Soy consciente de la problemática presupuestaria que tiene el Poder Judicial para hacerse cargo de todo esto, pero sí quisiera contestar respecto de que los 132 juzgados o tribunales orales nuevos que se crearían importarían la suma de 3.000 millones de pesos”, lanzó Lugones cuando le tocó hablar.

Para Sabsay se trata de un plan para “asegurar la impunidad” de los acusados por delitos de corrupción y elaborado de manera improvisada sin los datos reales de la justicia argentina. “Esto me confirma aún más que no es que se ha querido mejorar la institucionalidad: lo que se ha querido es asegurar la impunidad de todos aquellos que están sujetos a procesos por graves delitos contra la administración del Estado”, expresó.

“Soy consciente de la problemática presupuestaria que tiene el Poder Judicial para hacerse cargo de todo esto, pero sí quisiera contestar respecto de que los 132 juzgados o tribunales orales nuevos que se crearían importarían la suma de 3.000 millones de pesos”, lanzó Lugones cuando le tocó hablar.

El titular del Consejo de la Magistratura centró su discurso en los gastos que demandará la reforma y explicó "no fue incorporado en el presupuesto del año que viene por el Consejo de la Magistratura, pero a lo sumo estaríamos hablando de 850 millones de pesos para cubrir esos 132 cargos, y luego habrá que sentarse para todo lo que tiene que ver con infraestructura, informática y mobiliario”.

Labozzetta incorporó la mirada de género y habló la necesidad de “una reforma del sistema judicial para enfrentar a una justicia que está atravesando una crisis profunda de legitimidad y de ineficiencia, que además presenta una “carencia casi absoluta de perspectiva de género”.

Para la titular de la UFEM, "se necesita discutir un cambio de paradigma que pase desde un esquema centrado en los privilegios de los jueces hacia un paradigma centrado en los derechos y en la resolución de la conflictividad social”. En esa línea, consideró que “cualquier reforma que no rompa esta lógica va a fracasar”.

Finalmente, José Luis Lasalle, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, se expresó a favor de la necesidad de una reforma integral y negó que la propuesta “sea inoportuna”, contradiciendo el discurso de Piumato. El dirigente pidió “no confundir “oportunidad con celeridad” y no impulsar “un trámite exprés” sino “un amplio debate con amplia participación”.

En ese sentido,  consideró que estos cambios “deben ir de la mano de una reforma del Consejo de la Magistratura”.