La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires publicó un informe sobre el servicio de la Administración de Justicia en el contexto de la pandemia, en donde se detallan las medidas implementadas en la emergencia sanitaria. Se destacan el aprovechamiento de herramientas tecnológicas y la regulación normativa de la nueva modalidad de prestación.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires elaboró un informe donde detalló las medidas implementadas en la emergencia sanitaria, con datos de los meses de junio y julio, período en el cual se amplió el inicio electrónico de todo tipo de procesos judiciales.
Lo primero que los jueces destacaron fue el restablecimiento del servicio de justicia presencial en los departamentos judiciales de Trenque Lauquen, San Nicolás, Pergamino, Azul, Necochea, Junín, Bahía Blanca, Mercedes y Mar del Plata (estas dos últimas a partir del 24 de agosto); las sedes descentralizadas de Tandil, Bragado, Olavarría y Tres Arroyos; y en 77 de Juzgados de Paz.
"Ello, en un estado de situación en la cual todavía en la mayor parte de los partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires rigen importantes restricciones enmarcadas en el aislamiento social, preventivo y obligatorio que condicionan la labor de los tribunales", aclararon.
En relación al trabajo a distancia, hacia fines de julio se asignaron 12.506 credenciales de acceso remoto, con un promedio superior a 8.000 usuarios conectados diariamente.
En términos estadísticos, los magistrados especificaron que, desde el inicio de la feria extraordinaria, se dictaron 7.344.001 trámites judiciales; registraron 4.659.549 notificaciones y presentaciones electrónicas; ingresaron 191.502 causas y se iniciaron en forma completamente digital y remota, 68.420 nuevos expedientes.
En torno a las funcionalidades a distancia, "se consigna que a partir del 25 de junio se extendió el inicio electrónico de toda clase de causas en los fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y Juzgados de Paz; y desde el 13 de agosto se dispuso que los órganos judiciales de todos los fueros mencionados, como así también de los fueros Penal y de Responsabilidad Penal Juvenil, puedan celebrar cualquier clase de audiencias en forma remota", se lee en el documento.
Entre abril y julio de este año la Suprema Corte dictó 2.475 fallos (un 68,4% más que en el mismo período de 2019); las Cámaras de Apelación y el Tribunal de Casación Penal 33.419 (un 3% más que entre abril y julio de 2019); los juzgados de primera instancia 121.008 (lo que representa el 61% de lo efectuado en 2019); y los organismos de la Justicia de Paz 21.589 (lo que representa el 69% de las resuelto en el mismo período del año 2019).
Del mismo modo, al 31 de julio, de acuerdo al registro de la Subsecretaría de Tecnología Informática se realizaron 24.288 reuniones virtuales por medio de una de las plataformas de interacción de personas en forma remota. "La intensificación en el uso de esa herramienta como de las tecnologías en general se reflejó en un sostenido incremento en la actividad de todos los fueros", reconoció el informe.
Sumado a ello, el servicio de comunicación a la mesa de entradas de los órganos jurisdiccionales a través de la MEV (Mesa de Entradas Virtual) aprobado por Resolución SPL N° 28/20 alcanzó -al mes de julio- las 77.051 consultas/ respuestas entre usuarios y auxiliares de juzgados y tribunales de toda la Provincia. A ello se agregó el servicio brindado por el CATU (Centro de Atención Telefónica al Usuario), que permitió atender más de 13.000 requerimientos a través de sus servicios de chat, WhatsApp y el 0810
Por último, los miembros del Tribunal remarcaron que subsisten dificultades en distintos planos del servicio de justicia, "ya sea por la continuidad de restricciones de diligencias y trámites esenciales, como por una serie de limitaciones que vienen evidenciándose desde antiguo".
Se mencionan, como ejemplos, la falta de un régimen legal de autarquía económico-financiera del Poder Judicial, la deficitaria infraestructura edilicia, la creciente cantidad de vacantes en un gran número de juzgados y tribunales.
Además, "se avizoran incrementos en la litigiosidad y el mantenimiento de la estrechez presupuestaria, factores que verosímilmente pueden acentuarse por el impacto de la pandemia", agregaron al respecto.