El Poder Judicial de Formosa aprobó una “Guía de Lenguaje Claro” que deberá utilizarse progresivamente para el dictado de sentencias, resoluciones y dictámenes. Se busca dejar atrás la "intrincada argumentación, con párrafos rocambolescos"
El Superior Tribunal de Justicia de Formosa aprobó la “Guía de Lenguaje Claro” que deberá utilizarse progresivamente para el dictado de sentencias, resoluciones judiciales, dictámenes y demás decisiones del Poder Judicial.
La iniciativa apunta a la adopción de un “lenguaje claro, inclusivo y no discriminatorio”, tendiente a lograr tanto un “estilo de escritura como la adopción de reglas claras para la celebración de audiencias orales, que permita la comprensión del lenguaje que se utiliza en el ámbito forense, por parte de sus destinatarios”.
“(…) se considera que la legitimidad de la Judicatura, se encuentra estrechamente ligada a la claridad y calidad de las resoluciones que se dictan, al punto que hoy se reconoce como comprensivo de la garantía de la defensa en juicio, el adecuado conocimiento de las decisiones que dictan jueces y juezas, lo que implica la adopción de un lenguaje claro que le permita al justiciable, saber porque se le reconocen o cercenan determinados derechos”, señala el acuerdo firmado por el STJ.
Según el documento aprobado, el lenguaje claro “es aquel cuyo estilo de escritura es simple, mediante la utilización de un vocabulario que permita su inmediata y sencilla comprensión” y que en el caso específico de los Poderes Judiciales “implica la redacción de contenidos mediante un estilo de escritura que facilite la comprensión a los destinatarios del mensaje”.
Esta iniciativa tomó como base la Guía de Lenguaje Claro y Estilo, aprobado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al Manual SAIJ de Lenguaje Claro. “El lenguaje claro en las decisiones judiciales, es un requisito implícito de la garantía constitucional de defensa en juicio”, fundamenta el proyecto.
El texto subraya, entre otras cuestiones, las frecuentes resoluciones con “intrincada argumentación, con párrafos rocambolescos, utilizando un vocabulario de difícil comprensión para la mayoría, o con estilos de redacción y formato que generan confusión en sus destinatarios”.
“Es cierto que normalmente entre los jueces y las personas que acuden a los Tribunales, intermedian los abogados y las abogadas, personas jurídicamente formadas que usualmente conocen y despliegan conceptos técnico-jurídicos y que pueden, en su caso, traducir para sus clientes, lo que la magistratura quiso decir”, sostiene el documento, pero advierte: “Los jueces y las juezas no deberían tener traductores de sus resoluciones”.
Desde el Poder Judicial formoseño admiten que la propuesta se trata de un cambio de modelo cultural y que las modificaciones serán progresivas. También señalaron que existen vocablos técnico-jurídicos de ineludible aplicación, pero aclararon que aún aplicando esta terminología específica, tal como surge de los textos legales, "siempre se puede explicar al destinatario de la resolución o de la sentencia, cual es el sentido del vocablo utilizado, para que pueda ser de fácil comprensión”.
La guía no sólo comprende aquel vocabulario a utilizar sino también del estilo de redacción que permita, según el documento, modificar progresivamente el “svocabulario promoviendo la utilización de terminología de uso corriente y disminuyendo el uso de términos complejos o muy técnicos; uniformizar criterios y estilos en la confección de documentos y resoluciones; mejorar la redacción de resoluciones y sentencias; abandonar el lenguaje androcéntrico”.
Desde el Poder Judicial formoseño admiten que la propuesta se trata de un cambio de modelo cultural y que las modificaciones serán progresivas. También señalaron que existen vocablos técnico-jurídicos de ineludible aplicación, pero aclararon que aún aplicando esta terminología específica, tal como surge de los textos legales, "siempre se puede explicar al destinatario de la resolución o de la sentencia, cual es el sentido del vocablo utilizado, para que pueda ser de fácil comprensión”.
“En definitiva, se pretende promover la mejora en el acceso a la información pública que emana de los jueces y juezas, potenciando la transparencia de la actividad judicial lo que implica una mayor legitimidad democrática de la Magistratura, al propiciar una mayor confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial”, concluye la guia.