El decreto presidencial que transfiere al Ejecutivo la potestad de realizar ajustes tarifarios o revisiones en los contratos con las empresas privatizadas de servicios “cayó muy mal” no sólo entre los diputados opositores sino en la propia tropa oficialista, según pudo saber Diariojudicial.com de fuentes parlamentarias bien informadas.
Si bien los representantes de la Cámara Baja no tienen planeado adelantar su regreso de las vacaciones se encuentran en contacto permanente con sus asesores, a quienes instruyeron estudiar este tema así como el que obliga a los deudores hipotecarios, prendarios y de créditos personales a pagar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) con retroactividad.
El presidente Eduardo Duhalde “pasó a disponibilidad” dos artículos de la ley 25.561 de Emergencia y los reemplazó por el cuestionado decreto de carácter transitorio, que prolijamente encomendó redactar a la secretaría Legal y Técnica de la casa de Gobierno para eludir las acciones de amparo que ya están y estarán en el ámbito de la justicia.
El Ejecutivo promulgó en su momento la ley pero no vetó ninguno de los dos artículos (el 8 y el 9) sobre los cuales dictó ahora una normativa modificatoria, situación que da argumento a constitucionalistas en cuanto a que un decreto no puede modificar una norma del Congreso.