"La Corte no debe ampliarse"

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) se pronunció en contra de una eventual ampliación del número de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al exponer ante el Consejo consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público.

El Consejo consultivo, creado a través del decreto 635/2020, tiene como objetivo elevar al Poder Ejecutivo un dictamen con las propuestas y recomendaciones sobre la Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa.

Uno de los principales temas fueron los posibles cambios en el Máximo Tribunal. Al respecto, el presidente de la AMFJN, Marcelo Gallo Tagle, manifestó que no debe ampliarse la cantidad de miembros ni dividirse en salas, sino que “sólo necesita atender una cantidad sensiblemente inferior de casos, y para ello deben agilizarse las instancias anteriores con buenas leyes y darse en paralelo un debate legislativo sincero en punto a qué tipo de casos de la materia federal y en qué tiempos deberán ser atendidos por el Alto Tribunal”.

Gallo Tagle también se manifestó a favor de “un drástico recorte en la cantidad de casos que llegan a consideración de la Corte Suprema”, y explicó: “Ello se logra con reformas en las normas que rigen la materia recursiva, precedidas de estudios completos y actualizados que den cuenta de la realidad de cada fuero de la justicia nacional y jurisdicción de la federal”.

“El problema de la morosidad estructural de la justicia se soluciona con la decisión política de implementar, y lógicamente financiar, la oralidad, fueros de menor cuantía, métodos alternativos de resolución de conflictos, creación de más tribunales de primera y segunda instancia, el sistema acusatorio en materia penal y las estructuras que requiere, y, además, ajustando las normas procesales a los tiempos que corren sobre la sencilla e irrefutable base de la experiencia recogida durante los últimos 150 años de historia del Poder Judicial de la Nación”, consideró.

En cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura, Gallo Tagle resaltó su postura crítica a la actual conformación y afirmó que “necesariamente debe incrementarse el número de Jueces y abogados, debiendo recaer la presidencia del cuerpo en un integrante de la Corte Suprema”. Y añadió: “Hoy la preponderancia de la integración es más política que técnica y la ecuación debiera ser la inversa”.

La entidad que representa a los jueces y funcionarios también bregó por incorporación de la perspectiva de género concursos para “garantizar una real e igualitaria participación de mujeres y varones en la estructura del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”.

Otro de los puntos centrales fue la conveniencia o no de modificar el actual régimen legal de designación de los titulares de los Ministerios Públicos y la posibilidad de que sus mandatos sean temporarios. “Si bien existen diferencias de opiniones, entendemos que es adecuado que la designación sea temporal, cada 5 o 7 años, evitando que coincida con el recambio del Poder Ejecutivo. Ello resulta razonable, porque deben fijar los criterios de la política criminal, que se van modificando con el paso del tiempo. Pero de ninguna manera parece razonable modificar las mayorías para la selección del Procurador o del Defensor General, como así tampoco para su remoción, desde que debilitaría sustancialmente su investidura”, afirmó.

Consideró, asimismo, adecuada la posibilidad de incorporar a la estructura del Ministerio Público Fiscal la actual Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. “Incluso la Oficina Anticorrupción podría fusionarse con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas”, propuso.

Por último, el representante de la AMFJN fijó postura sobre el juicio por jurados: “Es una manda constitucional, por lo que no hay que disponerlo, sino cumplir la Constitución. Pero hay que tener mucha precaución con su reglamentación y en los criterios jurídicos para su diseño pero, por sobre todo, en cuestiones organizativas, como lo son la protección de los jurados, debido a las causas graves en las que va a intervenir”.