Ante esto, el letrado pidió el texto de la decisión del Consejo, texto que le fue imposible obtener. Cabe destacar que nunca se había requerido dictamen de la Comisión de Biblioteca, que el propio Malamud integra, para tomar esa medida.
La insólita situación motivó que el abogado presentara una nota al presidente del Colegio, Hugo Germano, a la que tuvo acceso Diariojudicial.com.
En el escrito, Malamud le pregunta “al Consejo Directivo, por intermedio del Sr. Presidente, si el texto existe, si la resolución fue dictada”.“Las únicas respuestas posibles –sí o no—“, continua el letrado, “abren las dos consiguientes posibilidades. Una, se trató de una mera orden verbal que sólo exterioriza un obrar arbitrario y discrecional. Otra, la resolución fue plasmada en el papel y esto sí comporta increíble desconocimiento del derecho.”
En declaraciones a Diariojudicial.com, Malamud expresó que no creía que “ni El Derecho ni La Ley ni Jurisprudencia Argentina ni cualesquiera otra publicación similar hubieren abonado inexistentes derechos de autor a los tribunales cuyas sentencias aquéllas reprodujeran. Ni las leyes ni las decisiones judiciales gozan de la protección de la ley 11.723”. Además, adelantó que, en caso de no obtener respuesta por parte del Colegio “me veré obligado, por mi propio derecho y en defensa de los intereses difusos de los colegas, a promover la pertinente acción judicial contra el CPACF”.
Otra fue la postura de Javier Álvarez Cachés, jefe de despacho de la presidencia del Colegio, quien, al ser requerido por este medio, sostuvo que “la ley de fomento del libro y la ley de propiedad intelectual 11.723 establecen que los fallos son obras intelectuales y por lo tanto no deberían ser difundidas sin autorización”.
En todo caso, “será el juzgado correspondiente el que deberá entregar fotocopias de la sentencia”, expresó Álvarez Cachés, quien agregó que, si bien no hay ninguna resolución por escrito sobre el tema, el Colegio no tiene obligación de dar copias, no es su función. En primer lugar por cuestiones operativas y luego por una cuestión de costos”.
Según Álvarez Cachés, hasta hoy al mediodía no habían tenido conocimiento de la presentación de la carta de Malamud, pero recalcó que no bien la misiva llegue a manos del secretario del Consejo Directivo, este le responderá “en forma particular a su inquietud”.
Otras fuentes consultadas, que prefirieron guardar el anonimato, deslizaron su sospecha de que “la explicación de esta conducta pasa por una sugerencia de la Editorial La Ley, que tiene un convenio con el Colegio y edita la revista del CPACF, entre otras cosas.”.
En ese sentido, cuando finalizaba su gestión al frente del Colegio, se le preguntó en un reportaje al anterior presidente, Atilio Alterini, sobre las criticas centradas en el manejo de la revista del Colegio y su pagina de Internet, a partir del convenio firmado con la Editorial La Ley, en cuanto a que este convenio hace perder imparcialidad al Colegio y lo pone en una situación de dependencia con una Editorial dada. Alterini respondió que “esto es lo mejor que conseguí, gratis. La revista y el manejo de la pagina web no le cuestan un centavo al Colegio. Si el presidente que me reemplace consigue un contrato parecido o mejor con otro prestador, que lo firme”. Por lo pronto, el convenio continúa con la gestión de Germano.
“Es increíble que las editoriales jurídicas estén tan preocupadas por proteger una supuesta propiedad intelectual sobre las sentencias, cuando no pagan un centavo al Poder Judicial por los fallos que publican. Cualquier autor recibe el 10 % del precio de tapa de un libro, ¿Por qué no el Poder Judicial?”, se preguntaba hoy, en los casi vacíos pasillos de los tribunales porteños, un veterano abogado.