La emergencia no espera

Pasaron 365 días desde que el Consejo de la Magistratura de la Nación declaró la emergencia judicial en materia de infraestructura edilicia y tecnológica en las dependencias del Poder Judicial. Sin embargo, el tiempo parece no haber avanzado y los problemas no encuentran solución.

Fallas eléctricas, baños clausurados, falta de insumos, ascensores fuera de servicio, expedientes acumulados, problemas de conectividad y escasa limpieza de las dependencias, por citar solo algunas de las deficiencias estructurales que aquejan a la Justicia y que, como consecuencia de la actual situación sanitaria, cobraron mayor relevancia por la necesidad de salubridad, sanitización, ventilación y distanciamiento social.

A un año de la emergencia

El 3 de octubre de 2019, el plenario del Consejo de la Magistratura declaró la emergencia judicial por el plazo de un año. En este lapso se procuraría solucionar algunas de las graves falencias denunciadas por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

Los meses pasaron, pero los problemas continúan y muchos se agravaron. Por ello, la UEJN solicitó la extensión temporal de la declaración de emergencia y la conformación de una comisión para la elaboración de un plan a fin de “encarar las soluciones definitivas a los problemas estructurales”. El pedido de prórroga, que se encuentra bajo análisis de lo consejeros, lleva la firma de Julio Piumato y Mara Fernández, en carácter de secretario general y secretaria gremial de la UEJN, respectivamente.

“Si hay algo que evidenció la pandemia del Covid-19 es la precariedad en la que estamos trabajando en la Justicia”, sostuvo Fernández, quien reveló que la situación "no cambió en el trascurso de este año”.

Desde la entidad gremial alertaron también sobre las condiciones de hacinamiento, como también la falta de mantenimiento y limpieza de los juzgados y tribunales, lo que impide garantizar las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades. “Las dependencias no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad, y mucho menos de la seguridad que requiere una enfermedad como el Covid. Si fueran empresas privadas, seguramente no superarían una supervisión de la Superintendencia de Riesgos y los edificios serían clausurados. No son clausurados porque son del Estado, porque es el Poder Judicial”, indicó.

Dentro del propio Poder Judicial reconocen la necesidad de realizar inversiones urgentes, pero esgrimen restricciones presupuestarias y limitaciones de recursos. Por la pandemia, el Consejo de la Magistratura se vio obligado a destinar partidas especiales –no contempladas originalmente- para la compra de productos de limpieza, desinfección y protección para las dependencias judiciales de todo el país.

“Tribunales son una suerte de Cromañón, donde algún día va a pasar una tragedia", dijo el ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo.

En diálogo con Diario Judicial, el abogado hizo hincapié en el colapso de la infraestructura edilicia y afirmó: "Cada día que pasa la situación se agrava. Se trabaja de manera infrahumana. No da la impresión que se haya mejorado”.

Sobre este punto, el letrado y presidente Asociación Abogados del Fuero, Nahuel Altieri, explicó que ciertos edificios “no cumplen con las normas de seguridad e higiene” y presentan problemas de hacinamiento y falta de higiene. “La situación lamentablemente no es buena, sino que, por el contrario, es bastante mala”, dijo Altieri.

Dentro del propio Poder Judicial reconocen la necesidad de realizar inversiones urgentes, pero esgrimen restricciones presupuestarias y limitaciones de recursos. Por la pandemia, el Consejo de la Magistratura se vio obligado a destinar partidas especiales –no contempladas originalmente- para la compra de productos de limpieza, desinfección y protección para las dependencias judiciales de todo el país.

“Si uno tiene una rajadura y no la arregla, cada día que pasa se agrava. Es una vergüenza como se trabaja y cada día estamos peor”, alertó Rizzo.

Número que no cierran

El panorama para el 2021 tampoco es alentador en materia de inversiones, ya que más del 90 por ciento del presupuesto está destinado al pago de sueldos de jueces y empleados de la Justicia nacional y federal. 

“Tenemos una Corte rica y una Justicia pobre”, es la frase que se repite en los pasillos del órgano encargado de seleccionar jueces y definir sanciones.

Los históricos problemas presupuestarios dejan a la luz una eterna discusión sobre el manejo y el reparto de los fondos del Poder Judicial. Sin embargo, la crisis sanitaria agravó la situación financiera y reavivó cuestionamientos contra la Corte Suprema por la utilización y destino del denominado Fondo Anticíclico, creado en 2008, que ascendería los 30.000 millones de pesos.

Un dolor de cabeza llamado Lex 100

El Sistema de Gestión Judicial, más conocido como Lex 100, tuvo un mal inicio de año, luego de haber quedado inoperativo durante casi una semana por una falla masiva. Por este contratiempo, el Consejo de la Magistratura se vio obligado a impulsar un proceso de migración de los datos hacia un nuevo servidor, junto con una serie de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Aunque se realizaron ciertas mejoras, el sistema informático presenta constantes interrupciones y problemas de conectividad, especialmente en los horarios pico y los días de nota -martes y viernes-, lo que impide presentar escritos y cumplir con vencimientos procesales y notificaciones. 

La falta de insumos y recursos afecta también el normal desarrollo de la actividad, ya que las pocas herramientas disponibles son obsoletas y antiguas. 

"Otra vez no anda el Lex 100", es la frase que más se repite entre los profesionales del derecho. El sistema sufre constante cortes y se vuelve ineficiente frente al caudal de trabajo regular de la Justicia Nacional y Federal. A esta situación se suman los cortes por tareas de mantenimiento que, muchas veces, se llevan a cabo en horario hábil.

La pandemia del Covid-19 marcó un antes y un después en lo relativo a la utilización de la tecnología, y la consecuente digitalización de la justicia. Pero las necesidades actuales del trabajo remoto y los constantes problemas de conectividad llevaron a los abogados a realizar presentaciones las 24 horas del día ya que, según afirman los profesionales, se vuelve una “misión imposible” efectuarlas dentro del horario judicial.

Del otro lado del mostrador, los judiciales denuncian una sobrecarga de trabajo por el "ingreso indiscriminado de escritos judiciales durante las 24 horas, toda la semana, aún en días inhábiles y fines de semana", y reclaman al Consejo de la Magistratura un límite al horario en que los profesionales pueden subir presentaciones y escritos.

El propio CPACF alertó que una restricción de este tipo "colapsará el sistema ya de por sí obsoleto", y esgrimió que "nada impide que los empleados judiciales limiten su trabajo a su horario normal y habitual y que se conecten al sistema dentro del mismo sin perjuicio de las presentaciones que puedan efectuar los profesionales".

La falta de insumos y recursos afecta también el normal desarrollo de la actividad, ya que las pocas herramientas disponibles son obsoletas y antiguas. “Es muy difícil garantizar y brindar un adecuado servicio de justicia cuando vos estas trabajando con una tecnología que es de la época de las cavernas”, manifestó Fernández y resaltó el esfuerzo que hicieron los magistrados, funcionarios y empleados para sobrellevar la situación, muchas veces aportando recursos propios.