Un juez bonaerense admitió un amparo contra el Poder Ejecutivo provincial y le ordenó que realice la recomposición salarial de los magistrados. El fallo destacó la “diferencia abismal” de sueldos entre los jueces federales y provinciales.
En autos "Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires C/ Provincia de Buenos Aires, S/ Acción de Amparo”, el Juzgado de Garantías N°1 de Lomas de Zamora resolvió hacer lugar a la acción de amparo interpuesta, ordenando en consecuencia al Poder Ejecutivo provincial para que proceda a realizar la recomposición salarial de los Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, a cuyos efectos deberá incluir las partidas necesarias en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2022.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires inició una acción de amparo contra la Provincia de Buenos Aires, con el fin de que se dicten aquellos actos y resoluciones que sean necesarios para conseguir la reparación especial que preserve el principio de intangibilidad e igualdad de las remuneraciones de jueces, magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires.
En su pedido resaltan el “incumplimiento” del ejecutivo provincial ante la obligación formalmente asumida de revisar y ajustar el esquema salarial de los demandantes.
Existe “una notoria y clara diferencia entre los Jueces Federales y Provinciales”, ya que “son parangonables pues conviven en un mismo territorio, aunque con diferentes competencias”, percibiendo los primeros “una remuneración de casi el doble de los segundos"
Los demandantes remarcaron que en el año 2016 los por entonces Ministros provinciales se comprometieron con el Colegio de Magistrados y Funcionarios a conformar una mesa de trabajo para llevar a cabo en un plazo de treinta y seis (36) meses un análisis detallado de contexto, competitividad y equidad tanto dentro del Poder Judicial de esta provincia como también en comparación con otras jurisdicciones.
El juez que dictó la sentencia y admitió el amparo formulado, Juan Manuel Álvarez Echagüe, remarcó que existe “una notoria y clara diferencia entre los Jueces Federales y Provinciales”, ya que “son parangonables pues conviven en un mismo territorio, aunque con diferentes competencias”, percibiendo los primeros “una remuneración de casi el doble de los segundos, lo cual genera y conlleva distorsiones que indefectiblemente repercuten en el sistema de justicia, pues por la misma tarea”.
“La diferencia salarial es abismal” sostuvo el magistrado, quien además consideró que “no solo jueces y funcionarios de ambas jurisdicciones conviven territorialmente, a escasos metros los edificios de unos y otros en muchos casos, sino que, además, competencias que eran exclusivamente federales han pasado a ser compartidas con los jueces de la provincia”.
“En tales condiciones, resulta fundado el reproche que se le imputa al Estado Provincial, pudiéndose aseverar que incurrió en una indebida conducta omisiva, consistente precisamente en no dar acabado cumplimiento con la obligación asumida en mayo de 2016, a partir del reconocimiento de un estado de situación de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la PBA que requería revisión y reformulación” concluyó.