El Consejo de la Magistratura debatió en el plenario de este jueves la intimación formulada por ANSES para que los magistrados y funcionarios presenten la renuncia para que se otorgue la jubilación. En un voto dividido, se resolvió crear una “mesa de diálogo” con el organismo previsional.
En la reunión de este jueves, donde el Plenario del Consejo de la Magistratura debatió su posición en relación a la Resolución PREV-11-46, que busca regular la "iniciación, resolución, liquidación, puesta al pago y reajuste de beneficios" solicitados por magistrados, funcionarios y fiscales. .
En el plenario se debatieron tres posturas, la que propuso el consejero en representación de los jueces, Alberto Lugones, que postuló una interpretación que entiende que “de ninguna manera puede interpretarse como una intimación a cesar en el cargo para evitar la pérdida de derechos previsionales ya adquiridos” y creó una mesa de enlace con el organismo previsional para debatir el tema, a cargo del presidente del Consejo, Diego Molea.
La postura de Lugones fue avalada por Diego Molea, los consejeros Mariano Recalde, Vanesa Siley, Gerónimo Ustarroz, y María Inés Pilatti Vergara.
La consejera Graciela Camaño, que considero que “ANSES se exorbita al poner como condición la renuncia de los jueces” pero que no se trata de un “apriete a la independencia judicial”, tenía una iniciativa propia, pero ante la paridad se inclinó por la postura de Lugones
Por el contrario, quienes cuestionaron la posición del organismo previsional, pidieron que se deje sin efecto la resolución porque las intimaciones “constituyen una perturbación a la tranquilidad de espíritu de los magistrados judiciales y una lesión al principio de independencia del Poder Judicial de la Nación”.
Esta postura, sostenida por el consejero Pablo Tonelli, que consideró que se trató de “perturbar el ánimo de los jueces ante una incertidumbre que no debería existir”, fue acompañada por los consejeros Carlos Matterson, Silvia Giacoppo, Diego Marías, Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo.
Por su parte, la consejera Graciela Camaño, que considero que “ANSES se exorbita al poner como condición la renuncia de los jueces” pero que no se trata de un “apriete a la independencia judicial”, tenía una iniciativa propia, pero ante la paridad se inclinó por la postura de Lugones.” Camaño pidió que se emita un pronunciamiento que establezca que “ANSES deberá abstenerse de solicitarle las denuncias a los jueces porque no corresponde que lo haga”
Todo comenzó en febrero, cuando la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a cargo de Fernanda Raverta, dispuso que “las presentaciones en demanda de un beneficio formuladas por los magistrados y funcionarios que ejercieran los cargos comprendidos en el artículo 8 de la Ley 24.018 y sus modificatorias podrán iniciarse una vez que se haya presentado formalmente la renuncia al cargo y esta se encuentre en proceso de aceptación”.
Recién al momento de presentar el cese definitivo de tareas, según el organismo, se procederá a determinar el derecho a la prestación y la liquidación y el otorgamiento del beneficio. Ahora, este punto será objeto de debate con el órgano del Poder Judicial.
Mientras tanto, ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal se encuentra una presentación de magistrados