La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y Eurosocial+ presentaron una propuesta de red interamericana y de modelo de asistencia jurídica para personas migrantes y refugiadas, y contó con la presencia de la defensora general de la Nación de Argentina, Stella Maris Martínez.
Se presentó el seminario “El acceso a Justicia de personas en contexto de movilidad en América Latina”, organizado por el programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF)
El evento, realizado a través de una plataforma virtual, contó con la participación del Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felípez González Morales y la coordinadora general de AIDEF y defensora general de la Nación de Argentina, Stella Maris Martínez, además de expertos y expertas de Europa y Latinoamérica.
Todas las voces presentes en la charla coincidieron: la pandemia de COVID-19 agravó las vulnerabilidades de las personas personas migrantes y refugiadas en América Latina, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Los informes presentados en la jornada arrojaron que “el 21% de las defensorías públicas considera que en su respectivo país, y aún en su propia institución, no se conocen las necesidades jurídicas de los migrantes y refugiados. Además, en un 36% de los casos, las defensorías no tienen una línea de trabajo específica de trabajo en favor de estos colectivos, sino que están dentro de los servicios que brindan a los usuarios en general y un 43% de las defensorías públicas no tienen un protocolo o instrumento especial para la asistencia jurídica a migrantes y extranjeros”.
Además, profundiza la investigación, “las defensorías públicas han señalado que la asistencia jurídica que realizan a personas migrantes no cuenta con enfoque de género en un 29% de países, ni adaptada a los niños/as en contexto de movilidad humana”.
Para la defensora general de la Nación es muy importante “que las y los defensores de la región hagan suyo el proyecto, estudien los modelos, se involucren y participen de la red. Un objetivo común es que resaltemos la dignidad humana de las personas migrantes, para que no sean más ignoradas y sean escuchadas".
El diagnóstico hace también una descripción de las principales necesidades jurídicas no cubiertas que enfrentan estos colectivos, como el acceso a documentación para la regularización, el acceso a derechos como la salud, educación, defensa para la no devolución, expulsiones colectivas y representación legal para las personas procesadas penalmente.
Durante el encuentro se destacó la necesidad de contar con una red de asistencia regional para potenciar el asesoramiento temprano a posibles beneficiarios de protección internacional y la asistencia jurídica para que las personas puedan conocer las vías regulares de entrada y permanencia en los distintos países de la región.
“Este modelo y esta red contribuyen a mejorar la gobernanza de la migración regional e internacional y a fortalecer el vínculo entre migración y desarrollo” resumió el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González.