La Bicameral de Inteligencia presentó su dictamen final donde confirmó que el gobierno de Mauricio Macri realizó actividades de espionaje ilegal y propuso crear una comisión especial para investigar a jueces, fiscales y camaristas que participaron de la maniobra.
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, dirigida por Leopoldo Moreau, presentó el dictamen final de su trabajo donde confirmó que el gobierno de Mauricio Macri espió de manera ilegal a al menos 307 víctimas directas confirmadas; realizado 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales. Todo ello en los primeros 12 meses de gestión.
El texto señala que durante el gobierno de Cambiemos “se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa", cuyo plan “fue diseñado con premeditación y alevosía y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallaron a cientos de ciudadanos”.
Entre los espiados aparecen el Instituto Patria; el ARA San Juan; el Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña Etchegaray; el juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; dirigentes políticos del Norte argentino; y causas como Gas Natural Licuado.
Sobre las maniobras de espionaje, el documento detalló que se realizaban a través de “seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos ‘arrepentidos’ falsamente y bajo presión, entre otras”.
En esa línea, agrega que el objetivo de estas maniobras era “armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás garantías constitucionales”, y así “lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos”.
"En el curso de esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores de otro poder del Estado: el Judicial”, afirmó Moreau, motivo por el cuál le sugirió a ambas cámaras la creación de una comisión bicameral que de modo específico examine los vínculos y conductas “que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio”.
En relación a los funcionarios involucrados a estas prácticas ilegales, el dictamen nombra a Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Facundo Melo, María Mercedes Funes Silva, Leandro César Araque y Jorge Horacio Sáez.