A un año y medio del inicio de la pandemia, el CPACF reclamó a la Corte Suprema el retorno a la actividad presencial de forma plena. Denuncian que algunos juzgados no atienden el teléfono y tampoco contestan los correos de los profesionales.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) reclamó a la Corte Suprema de Justicia volver a la presencialidad luego de 16 meses sin atención al público plena y con un esquema de trabajo principalmente a distancia.
“Entendemos que ha llegado la hora de volver a la presencialidad en cuanto al funcionamiento del Poder Judicial de la Nación en su conjunto. Obviamente, con los protocolos necesarios y adoptando todas las medidas de prevención que correspondan, en las que, imaginamos, se ha avanzado luego de dieciséis meses de cierre de los tribunales”, señala la nota firmada por el presidente de la entidad, Eduardo Awad.
La nota destacó, a modo de ejemplo. la situación que atraviesa el fuero del Trabajo en el cual no se realizan audiencias de testigos desde marzo de 2020. Esta situación también fue advertida por la Asociación Abogados del Fuero, quienes destacaron que “hay juzgados que no atienden el teléfono, no contestan los mails, no toman audiencias y no atienden personalmente”.
Asimismo, el CPACF destacó el avance de la vacunación de magistrados, funcionarios, empleados judiciales y abogados vacunados contra el COVID-19 con al menos una dosis. En este sentido, las Cámaras Civil, Laboral, Previsional, Contencioso Administrativa Federal y Comercial ya requirieron información sobre la nómina de personal inmunizado para avanzar con el regreso a la presencialidad.
“El regreso de la actividad plena y presencial del Poder Judicial y los Abogados no sólo es necesaria y obligatoria, sino que resulta imprescindible para cumplir con la división tripartita del Estado y la forma republicana de gobierno que establece nuestra Constitución”, concluye el documento.
El CPACF también requirió al Máximo Tribunal que se declare inhábil a la jornada del martes, sin perjuicio de la validez de los actos procesales cumplidos, y se suspendan los plazos procesales y administrativos, así como de caducidad de instancia debido a las dificultades que presentó la accesibilidad y operatoria del “Portal de Gestión de Causas” del sistema Lex 100 del Poder Judicial de la Nación.
Por su parte, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación también envió una nota a la Corte solicitando que se expida respecto al criterio que se va adoptar en el ámbito de su competencia respecto a las convocatorias, para “evitar interpretaciones disímiles que lesionen la integridad psicofísica de los judiciales”.
El gremio de los judiciales advirtió que resulta “imprescindible sentar un criterio unívoco para garantizar la protección” de todos los trabajadores, y destacó que “el regreso a la presencialidad debe ser progresivo, responsable y sumamente prudente en cuanto a los criterios de protección que se deben garantizar”
Coinciden sobre la necesidad de comenzar a ampliar de forma “prudente y progresivamente” la presencialidad en las distintas dependencias, pero “con pautas concretas, taxativas y claras, que establezcan criterios de protección no solo para tutelar la salud de los/as trabajadores/as, sino también para impedir el avasallamiento de sus derechos”.
Fallas del Lex100
El CPACF también requirió al Máximo Tribunal que se declare inhábil a la jornada del martes, sin perjuicio de la validez de los actos procesales cumplidos, y se suspendan los plazos procesales y administrativos, así como de caducidad de instancia debido a las dificultades que presentó la accesibilidad y operatoria del “Portal de Gestión de Causas” del sistema Lex100 del Poder Judicial de la Nación.
Ante esta situación, las autoridades del Consejo de la Magistratura se reunieron hoy con técnicos informáticos y representantes de la Dirección General de Tecnología para analizar posibles propuestas; mientras que el gremio alerta sobre una grave crisis en materia tecnológica y pide que se realicen inversiones urgentes para la estabilidad de las conexiones remotas y del sistema.
El desperfecto ocurrió en un “storage” –centro de almacenamiento- y paralizó a los juzgados y tribunales por varias horas, como también “impidió el normal ejercicio profesional de los matriculados”. Ante esta situación, las autoridades del Consejo de la Magistratura se reunieron hoy con técnicos informáticos y representantes de la Dirección General de Tecnología para analizar posibles propuestas; mientras que el gremio alerta sobre una grave crisis en materia tecnológica y pide que se realicen inversiones urgentes para la estabilidad de las conexiones remotas y del sistema.