Una declaración de guerra

Los judiciales retomaron medidas de fuerza en reclamo de un incremento salarial. “Reclamamos que nuestros salarios no pierdan ante la inflación”, sostuvo la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) en un comunicado tras parar por 24 horas y realizar movilizaciones en diferentes puntos del país.

El gremio liderado por Julio Piumato le reclama a la Corte Suprema de Justicia un incremento salarial del 15% a partir de julio y 10% a partir de septiembre -ambos remunerativos y bonificables, para todas las categorías del escalafón-, con especial inclusión de una cláusula de revisión para lo que resta del año.

Sin embargo, el Máximo Tribunal aún no se pronunció sobre el pedido y desde la UEJN advirtieron que, sino se resuelve el aumento, el próximo jueves se repetirá la medida de fuerza. La situación podría escalar a paros de 36 y 60 horas, según explicaron desde el gremio.

Pero este no es el único reclamo en la agenda de la Corte. La situación que atraviesa la Obra Social del Poder Judicial de la Nación preocupa a todos los empleados judiciales, incluso a los de más alto rango.

“Cada vez son más los reclamos por problemas en el servicio de atención por falta de personal, con prestadores que ya no quieren saber nada con los bicicleteos caprichosos, con requisitos de papeles inverosímiles y arcaicos para judiciales en actividad y jubilados, con tramites inhumanos que ponen en riesgo la vida de quienes deberían ser más cuidados, con coberturas que se caen para internos/as y contratados/as cada vez que atraviesan una renovación o prorroga... aunque la obra continúe percibiendo la cuota religiosamente”, afirmó el gremio.

Según un relevamiento realizado por la UEJN, un 70,3 por ciento de los encuestados "no está satisfecho/a" en cuanto al servicio que presta la obra social y un 68,5 por ciento afirmó que en los últimos años la cantidad de prestadores por especialidad disminuyó. A su vez, el 74,9 por ciento se mostró insatisfecho con la OSPJN en cuanto a su gestión y trámites administrativos.

La encuesta también dejó a la luz las quejas por las demoras en los reintegros, la deficiente cobertura respecto a los tratamientos odontológicos y el sistema de bonos –papel- utilizado, entre otras cuestiones. Un 78 por ciento también desaprobó el funcionamiento de la obra social durante la pandemia.

La caja para el 2022

A través de la acordada 13/2021, la Corte Suprema determinó su presupuesto para 2022 en 31.624 millones de pesos, lo que representa en gran parte gastos de personal. Los propios supremos reconocen que los “techos presupuestarios” comunicados por el Poder Ejecutivo “resultan insuficientes para el nivel de necesidades mínimas” del Alto Tribunal.

Con una caja limitada, el Consejo de la Magistratura deberá afrontar gastos en materia tecnológica –relacionados con el sistema Lex 100- y en materia edilicia. Este último punto preocupa especialmente a los trabajadores por el estado y deterioro de algunas dependencias,  tras conocerse el desmoronamiento de parte de la mampostería de uno de los ascensores del edificio de Av. de los Inmigrantes.

A este presupuesto se le sumará la cifra prevista por el Consejo de la Magistratura de la Nación, la cual será debatida la próxima semana por el plenario. Ambos presupuestos serán remitidos al Ejecutivo para incorporarlos al Nacional, a la espera de la aprobación del Congreso.

Con una caja limitada, el Consejo de la Magistratura deberá afrontar gastos en materia tecnológica –relacionados con el sistema Lex 100- y en materia edilicia. Este último punto preocupa especialmente a los trabajadores por el estado y deterioro de algunas dependencias,  tras conocerse el desmoronamiento de parte de la mampostería de uno de los ascensores del edificio de Av. de los Inmigrantes.