El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó medidas cautelares que buscaban suspender ley griega que establece la vacunación obligatoria del personal de la salud.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó las medidas cautelares solicitadas por un grupo de profesionales de la salud, en el marco de dos demandas presentadas en contra de Grecia y que se encuentran pendientes de resolución.
Los solicitantes sostuvieron que el actual régimen griego impone la vacunación obligatoria a los profesionales de la salud, lo que estiman vulnera sus derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que pidieron que suspenda dicha regulación.
El Tribunal recordó que estas medidas son de carácter excepcional y solo son procedentes cuando los solicitantes se enfrentan a un riesgo real de daño irreversible, cuestión que considera no ocurre en este caso.
En particular, alegan una infracción de los artículos 2 (derecho a la vida), 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes), 4 (prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado), 5 (derecho a la libertad y a la seguridad), 6 (derecho a un juicio justo), 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) y 14 (prohibición de la discriminación).
Los jueces rechazaron la solicitud de medidas cautelares por considerar que la suspensión del precepto impugnado vulneraría el artículo 39 del Reglamento de la Corte sobre medidas cautelares, toda vez que constituiría un prejuzgamiento.
La decisión va en consonancia con el fallo del Tribunal Supremo de Grecia que, días atrás, rechazó suspender la decisión del gobierno de declarar obligatoria la vacunación para todo el personal de salud del país.
Más de un centenar de médicos y personal sanitario, así como el sindicato de los hospitales públicos (Poedin) habían presentado una demanda cautelar contra esta ley, que suspende los contratos en el sistema de salud público de todos los empleados que no hayan recibido hasta la citada fecha al menos la primera dosis de la vacuna.
El Gobierno adoptó esta ley el pasado julio ante el crecimiento constante de los contagios por la covid-19. Para los médicos y personal sanitario del sector privado, así como para los farmacéuticos, la ley prevé multas.