Alsogaray fue indagada esta mañana durante casi dos horas por la juez correccional Ana Bulacio Nuñez, quien ahora dispone de un plazo de diez días para decidir si la procesa por el presunto delito de "insolvencia fraudulenta".
Asistida por su defensora oficial Ana Arcos, la ex funcionaria dijo que actuó sin mala fe en junio de 2000, cuando cedió en formagratuita a su hijo Álvaro, departamentos ubicados en lospisos 7 y 10 del edificio de la calle Riobamba 1.224 de esta capital.
El juez federal Juán José Galeano, la había procesado casi en la misma época, por el delito de enriquecimiento ilícito al no poder justificar su incremento patrimonial durante los años en que se desempeñó en la función pública.
Al prestar hoy declaración indagatoria, María Julia señaló que la donación de los inmuebles a su hijo Álvaro careció de "malicia", uno de los requisitos para que se configure el delito de insolvencia fraudulenta, y precisó que ella poseía otros bienes, con valores superiores a aquellos de los que se desprendía. Explicó el traspaso de titularidad del departamento calificando a las donaciones como algo tradicional en su familia.
El Código Penal prevé‚ de seis meses a tres años de prisión para el que maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor.
Al fiscal Marcelo Martínez Burgos, que interviene en la causa por supuesta "insolvencia fraudulenta", le llamó la atención que uno de los inmuebles que la imputada donara a su hijo, lo hubiera recibido unos meses antes por esa misma vía de su padre, Álvaro Alsogaray.
En la causa también se investiga el rol que desempeñaron los hijos de la ex funcionaria, ya sea Álvaro por aceptar la donación y su hermano Francisco por consentir esa operación para que en el futuro no pudiera ser tomada como un anticipo de herencia y llevarla a colación en un proceso sucesorio.
Los hijos de Alsogaray también están involucrados en la causa, pero con rango inferior al de su madre y hasta ahora solo tuvieron que hacer descargos por escrito a través de sus abogados particulares.
La causa en la que la ex secretaria de Medio Ambiente fue procesada por enriquecimiento ilícito fue elevada a juicio, pero el Tribunal Oral Federal número cuatro, a cargo del caso, aún no determinó la fecha para el debate público.