El Congreso inició un proceso de reforma de la Ley de Protección Integral de las Mujeres con el objetivo de incorporar nuevas cuestiones que requiere la actualidad a esa norma, sancionada en 2009.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, junto a senadoras y diputadas inició un proceso que apunta a elaborar un proyecto de reforma de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres.
La funcionaria detalló que se abrirá un “proceso participativo y federal” en el que, a través de foros y mesas de trabajo con especialistas en las provincias, se llegue dentro de un año a un texto consensuado que incorpore nuevas cuestiones que requiere la actualidad a esa norma, sancionada en 2009.
El objetivo principal es incorporar la perspectiva de diversidad, brindar herramientas para el abordaje de las violencias en un nuevo contexto institucional y fortalecer el rol de las provincias, municipios y organizaciones sociales territoriales, entre otras cuestiones fundamentales para consolidar "un modelo integral de política de Estado hacia las violencias por motivos de género".
“En el 2009 había que adecuar nuestra legislación interna a la Convención de Bélem do Pará, que increíblemente todavía no tiene rango constitucional”; y la Ley 26.485 “puso a la vanguardia a Argentina” y es una norma “que nos ha podido sostener en muchas de las luchas que hemos dado”.
“Que tengamos que repensar una ley que hace 12 años se sancionó habla de la enorme transformación que sucedió en términos culturales, políticos e institucionales”, destacó, y resaltó que “la tenemos que cambiar porque hubo un 2015 con el Ni Una Menos, que puso en agenda”, agregó la ministra.
El objetivo principal es incorporar la perspectiva de diversidad, brindar herramientas para el abordaje de las violencias en un nuevo contexto institucional y fortalecer el rol de las provincias, municipios y organizaciones sociales territoriales, entre otras cuestiones fundamentales para consolidar "un modelo integral de política de Estado hacia las violencias por motivos de género".
En ese sentido, la funcionaria explicó que se persigue contar con "leyes innovadoras y sensibles a los cambios que se producen en la vida de las personas, normas que reconocen las desigualdades y cómo se actualizan en distintos ámbitos", en pos de "tener herramientas legislativas efectivas, que den respuestas concretas cuando se busca resguardar y garantizar derechos tan esenciales como vivir una vida libre de violencias".
El objetivo es tener redactado el proyecto en el plazo de un año para que pueda ser tratado en el recinto y aprobado.