El Consejo de la Magistratura aprobó el reglamento transitorio para la elección de la consejera en representación de los magistrados. Se elegirá una jueza de primera instancia. Aún no se definieron los comicios del estamento de la matrícula y se pasó a un cuarto intermedio.
El plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó el reglamento transitorio para llevar adelante la elección de la consejera en representación de los jueces, pero puso en "standby" el reglamento destinado a los comicios de los abogados.
La reunión, que fue afectada por el corte masivo de electricidad, pasó a cuarto intermedio tras aprobarse el reglamento para la elección de la jueza que completará la integración del cuerpo. Se continuará "trabajando" con la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el restante reglamento.
El órgano busca completar su integración y así dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la ley 26.080, la cual redujo la composición a 13 miembros. Los 20 miembros se completarán con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, un represente de los académicos, un diputado y un senador. Sin embargo, en estos casos la elección no es un problema, ya que los nuevos representantes del Congreso y el académico depende de cada cuerpo.
En concreto, el reglamento provisorio propone que la nueva integrante sea una mujer de la categoría de juez de primera instancia. Esta novedad fue apoyada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJ), como también por los actuales consejeros Alberto Lugones (Lista Celeste), Juan Manuel Culotta (Lista Compromiso Judicial) y Ricardo Recondo (Lista Bordó).
En cada Cámara Federal de Apelaciones del interior país se constituirá una mesa electoral y en la Ciudad de Buenos Aires se instalarán dos mesas, “siempre que la autoridad sanitaria lo considere conveniente”.
No obstante, el consejero y diputado nacional Pablo Tonelli (PRO) se mostró a favor de la idea para equilibrar la representación –hoy todos hombres-, pero planteó sus dudas sobre las atribuciones del Consejo para establecer esta medida. También señaló la posibilidad de que algún candidato varón quiera presentarse y que esta situación derive en un cuestionamiento judicial.
“En todos los estamentos deberíamos tener esta mirada en materia de género”, dijo la diputada Graciela Camaño (Interbloque Federal).
Sin embargo, esta situación generó diferencias en la elección de los dos nuevos representantes del estamento de los abogados, ya que no hay consenso si se debe cubrir una o ambas vacantes con mujeres.
Dentro del órgano todavía hay dudas sobre el llamado a nuevas elecciones por su complejidad y la situación sanitaria actual, con casi 100 mil contagios por día de coronavirus. Algunos consideran que debían utilizarse los resultados del 2018. “La Corte se equivocó. El fallo nos encorseta”, afirmó el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea.
Asimismo, la FACA afirmó que era posible un nuevo acto electoral, aunque indicó algunos problemas respecto de los plazos, pero el CPACF planteó directamente la imposibilidad de cumplir con el fallo del Alto Tribunal. “Pareciera ser que si fuese por las autoridades del CPACF no se votaría. Los abogados de la Capital Federal hace dos años estamos esperando que se convoque a elección de autoridades. Se han comido un mandato completo. Se votó en los clubs de fútbol, en los sindicatos, en la AMFJN, en las PASO y en las elecciones generales”, afirmó el consejero Diego Marias y apuntó contra la posición adoptada por Jorge Rizzo.
Dentro del órgano todavía hay dudas sobre el llamado a nuevas elecciones por su complejidad y la situación sanitaria actual, con casi 100 mil contagios por día de coronavirus. Algunos consideran que debían utilizarse los resultados del 2018. “La Corte se equivocó. El fallo nos encorseta”, afirmó el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea.
Lugones también apuntó contra el Máximo Tribunal: “Más de 15 años para declarar que la ley es inconstitucional y cinco años en la instancia de la Corte. Sólo 120 días para que el Consejo de la Magistratura resuelva el problema”.