20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024
La Corte le dijo no al referéndum

Siamo Fuori

La Justicia italiana anuló el referéndum sobre la legalización del cultivo de cannabis. Para los magistrados, la consulta implicaría que el Estado dejara de cumplir sus obligaciones internacionales en la lucha contra las drogas.

La Corte Constitucional de Italia anuló la celebración de un referendum sobre la legalización del cultivo de cannabis para consumo personal, por entender que dicha consulta implicaría que el Estado dejara de cumplir sus obligaciones internacionales en la lucha contra las drogas.

En la consulta popular no solo se estaría decidiendo sobre la legalización del cannabis, sino también sobre la de otras "drogas duras", como la cocaína o el opio, afirmó el presidente del tribunal, Giuliano Amato.

Actualmente en Italia el cultivo para consumo propio está penado con entre dos y seis años de cárcel, y multas equivalentes a entre 30.000 y 300.000 dólares.

Para los miembros del Tribunal, "el referendo se articula en tres preguntas y la primera prevé que será excluido de las actividades penales el cultivo de sustancias estupefacientes, sin incluir el cannabis, pero sí la amapola, la coca y las llamadas drogas duras; ya esto sería suficiente para violar las obligaciones internacionales". 

En ese marco, los jueces explicaron que la disposición habría permitido el cultivo doméstico de marihuana en el país, pero no su transformación en productos, como hachís, comestibles, concentrados y más. El principal inconveniente era que la medida alcanzaba al cultivo de plantas de coca y opios. 

La consulta había sido promovida por organizaciones como la Asociación Luca Coscioni, y apenas una semana después de presentar la iniciativa en internet, en septiembre de 2021, se alcanzó el medio millón de firmas necesarias para celebrarla.

Actualmente en Italia el cultivo para consumo propio está penado con entre dos y seis años de cárcel, y multas equivalentes a entre 30.000 y 300.000 dólares.

Quienes respaldan el proyecto de legalización sostienen que con esta medida el crimen organizado perdería una de sus fuentes de ingresos.


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