Los jueces, para el Fondo

“De lo que se está hablando es un régimen especial de privilegio donde básicamente están embajadores y jueces". Esta frase del presidente Alberto Fernández abrió la puerta a una posible reforma de los beneficios jubilatorios de jueces y embajadores.

El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que se realizará un “estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la ley 27.546”, para “fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional”.

Aunque aún no se oficializó el texto, la iniciativa sería enviada al Congreso en los próximos días como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Estas declaraciones encendieron las alarmas dentro del Poder Judicial y los Ministerios Públicos. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) salió rápidamente a rechazar “categóricamente” cualquier modificación que “una vez más intente alterar el régimen jubilatorio de magistrados y funcionarios, erróneamente considerado de privilegio”.

“Debe recordarse que el Poder Judicial y los Ministerios Públicos aportan por encima de cualquier funcionario público, y sus haberes previsionales no deben ser utilizados como variable de ajuste permanente, como consecuencia de la inoperancia de las políticas económicas”, concluye el duro comunicado.

La entidad presidida por Marcelo Gallo Tagle sostuvo que el régimen “en nada incide sobre el endémico problema económico que azota” al país desde hace años, y atribuyó esta situación a la “falta de programas económicos responsables”.

“Debe recordarse que el Poder Judicial y los Ministerios Públicos aportan por encima de cualquier funcionario público, y sus haberes previsionales no deben ser utilizados como variable de ajuste permanente, como consecuencia de la inoperancia de las políticas económicas”, concluye el duro comunicado, que cuenta también con la firma del secretario general de la AMFJN, el juez de Ejecución Penal Marcelo Peluzzi.

En 2020, el Gobierno avanzó en un nuevo régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial, el cual aumentó la edad para acceder al haber y se incrementó la alícuota del aporte personal, entre otras cuestiones.

A este golpe al bolsillo de los judiciales se suma el Impuesto a las Ganancias que deben pagar "los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del 2017, inclusive".

Este último cambio sigue generando reclamos administrativos y judiciales a más de tres años de su implementación. En los próximos días, el Consejo de la Magistratura tratará una presentación impulsada por más de 200 magistrados contra el procedimiento aplicado para la retención de Ganancias.