La AMFJN salió a responder las críticas lanzadas por el presidente Alberto Fernández sobre la lucha contra el narcotráfico y el rol de los jueces y fiscales en las investigaciones. Reclamaron un "trabajo serio y conjunto" entre los poderes, pero sin ofensas ni agravios.
El discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa generó una dura respuesta por parte del Poder Judicial: “Una genuina preocupacióń por el serio problema de la inseguridad y del incremento del crimen organizado exige un trabajo serio y conjunto de los tres poderes del Estado y que este Poder Judicial viene cumpliendo de manera sistemática”.
Esta frase se desprende del comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) en respuesta a las críticas lanzadas por el Jefe de Estado, quien se mostró nuevamente a favor de una reforma de la Corte Suprema y de la Justicia Federal. Sin embargo, este no fue el punto que causó mayor polémica, tal como era de esperarse, sino las referencias a la lucha contra el crimen organizado y el reclamo de un "sistema judicial eficiente" para combatir la inseguridad.
"No hay modo de combatir al crimen organizado sin un sistema judicial eficiente. Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos", había dicho el mandatario en su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa.
Estas palabras calaron hondo dentro del Poder Judicial. En este sentido, la entidad presidida por Marcelo Gallo Tagle reclamó un “diálogo responsable entre los actores institucionales cuanto de la sociedad en su conjunto” sin “ofensas y agravios al Poder Judicial y a su cabeza la Corte Suprema”.
"Considerar que decisiones judiciales adversas al gobierno o a sus funcionarios que encuentran eventualmente su cauce de corrección en las vías recursivas pertinentes posicionan a un poder del Estado como cómplice, no contribuye a un dialogo productivo ni respeta los límites de las funciones y constituyen un agravio que socava los pilares de la Republica"́, advirtieron.
“Una genuina preocupación por el serio problema de la inseguridad y del incremento del crimen organizado exige un trabajo serio y conjunto de los tres poderes del Estado y que este Poder Judicial viene cumpliendo de manera sistemática”, advirtió el comunicado.
La Asociación de Magistrado aprovechó la oportunidad para reclamar la cobertura de vacantes ya existentes tanto del Poder Judicial cuanto de los Ministerios Públicos con “urgencia especial en aquellas jurisdicciones donde las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico realizan más daño y se tornan más violentas".
En los últimos meses, jueces y fiscales denunciaron amenazas por parte de bandas vinculadas al narcotráfico, como así también ataques contra sedes judiciales y domicilios particulares. Esta situación se evidencia especialmente en la Justicia Federal de Rosario.
También pidió “revisar las causas por las que esas conductas continúan desarrollándose, aun con sus autores encarcelados, desde las unidades del Servicio Penitenciario”, y añadió: “Los problemas complejos no admiten respuestas simples ni tampoco demoras”.
En los últimos meses, jueces y fiscales denunciaron amenazas por parte de bandas vinculadas al narcotráfico, como así también ataques contra sedes judiciales y domicilios particulares. Esta situación se evidencia especialmente en la Justicia Federal de Rosario.
“La implementación del Código Procesal Penal Federal requiere tambiéń de una inversión de fondos más que de una expresión de voluntad, como de una evaluación realista de sus alcances y fines en el que el lugar institucional de los Ministerios Públicos sea el correcto”, concluyó la entidad.