La Red de Defensores de las Niñas, Niños, y Adolescentes reclamaron una nueva normativa para los menores en conflicto con la ley penal. Pidieron “no endurecer las penas, no bajar la edad de punibilidad, y que la privación de libertad sea la última ratio”.
La Defensora nacional de los Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes, Marisa Graham y los defensores provinciales Analía Colombo (Santa Fe), Amelia López (Córdoba), Juan Pablo Meaca (La Pampa), Miguel Ángel Molina (Misiones) y Leandro Drube (Santiago del Estero) impulsaron una declaración conjunta reclamando "priorizar la niñez en la agenda pública de todo el territorio nacional".
En el comunicado, los defensores pidieron “reforzar los procesos legislativos para que todas las provincias cuenten con la figura del defensor/a de derechos de las niñas, niños y adolescentes” y también “contar con recursos presupuestarios adecuados para fortalecer el funcionamiento de las áreas de niñez incluyendo el monitoreo necesario sobre las instituciones dedicadas al alojamiento de menores sin cuidados parentales”.
Entre los puntos más importantes, los defensores solicitaron promover el debate de una justicia juvenil, en particular sobre una normativa de protección para la adolescencia en conflicto con la ley.
De este modo, los defensores requirieron “cambiar la ley, no endurecer las penas, no bajar la edad de punibilidad, y que la privación de libertad sea la última ratio”.
Reclamaron, en este sentido, una normativa “respetuosa de los estándares internacionales de derechos humanos con la protección especial que los Estados deben garantizar a la niñez y adolescencia”.
“Debe darse un debate no regresivo en materia de Derechos Humanos que reforme el Decreto Ley N° 22.278 en el marco de la solicitud expresa del Comité de los Derechos del Niño al Estado Argentino en las recomendaciones de 2018”, advirtieron en el documento.
De este modo, los defensores requirieron “cambiar la ley, no endurecer las penas, no bajar la edad de punibilidad, y que la privación de libertad sea la última ratio”.
Y concluyeron: “Las niñas, niños y adolescentes deben tener el menor contacto posible con el sistema penal; cuando el contacto se produce debe ser por el menor tiempo posible y con la previsión de medidas alternativas a la privación de libertad, todo en un marco de Protección que debe signar la relación del Estado con la niñez y adolescencia”.