20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024
Los victimarios se domiciliarían en Cruz del Eje

La economía procesal manda

En una causa por estafas a adultos mayores donde se trabó un conflicto de competencia entre tribunales de Córdoba y Buenos Aires, la Corte Suprema determinó que continúe interviniendo el órgano que previno por razones de celeridad y economía procesal "en atención a lo avanzado del trámite" 

En los autos “Acosta, Fabián Alejandro y otros s/ incidente de incompetencia”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, remitió al Juzgado de Garantías n° 3 del Departamento Judicial de Azul -por razones de celeridad y economía procesal- una causa contra una organización dedicada a cometer defraudaciones y estafas.

En el caso se planteó una contienda negativa de competencia entre el Juzgado de Garantías n° 3 del departamento judicial de Azul, provincia de Buenos Aires, y el Juzgado de Control y Faltas de Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

Según la investigación, la organización contactaba personas de avanzada edad y residentes en la provincia de Buenos Aires, quienes resultaron engañadas con la excusa de registrar un saldo a favor de la ANSES de un retroactivo por un ajuste de haberes.

 

En este escenario, el procurador Eduardo Casal opinó que “resulta conveniente que sea el tribunal bonaerense el que continúe el proceso instruido por las presuntas estafas cometidas por la organización, en atención a lo avanzado del trámite y a que en esa jurisdicción tuvo lugar la disposición patrimonial perjudicial y se domicilian las víctimas que habrían sido engañadas".

 

En estas maniobras participarían personas detenidas en el Complejo Penitenciario de la ciudad de Cruz del Eje, y familiares o conocidos "les proporcionarían los números de las cuentas bancarias para que las víctimas transfieran su dinero, para consumar luego el delito mediante su extracción y posterior distribución entre los integrantes de la organización".

El Juzgado de Azul previno con motivo del primer hecho conocido que tuvo lugar en la localidad de General Alvear. En este escenario, el procurador Eduardo Casal opinó que “resulta conveniente que sea el tribunal bonaerense el que continúe el proceso instruido por las presuntas estafas cometidas por la organización, en atención a lo avanzado del trámite y a que en esa jurisdicción tuvo lugar la disposición patrimonial perjudicial y se domicilian las víctimas que habrían sido engañadas".

“Desde esa óptica, pienso que al haberse dictado los autos de prisión preventiva y tramitado la causa hasta la elevación a juicio, la continuación del proceso ante sus estrados es la solución más aconsejable para asegurar, a su vez, una mayor economía procesal y mejor defensa de los imputados, pues esta postura es la que mejor favorece la pronta terminación del proceso requerida por la buena administración de justicia”, concluyó en su dictamen.



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