Tras ordenar el cese de la utilización del sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires, el juez Roberto Gallardo fue denunciado por el Ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.
Tras el fallo que ordenó la suspensión del sistema de reconocimiento facial de la Ciudad de Buenos Aires y que ordenó allanamientos en el Centro de Monitoreo, el juez Roberto Gallardo fue denunciado por el Ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro por su "flagrante parcialidad" y el "ataque al sistema integral de seguridad”.
El ministro detalló en la denuncia que "a pesar de la buena predisposición mostrada en todo momento ante cada requerimiento que se efectuara y de la inexistencia de algún tipo de peligro en la demora -requisito inexorable del tipo de proceso que utilizara el juez-, este resolvió en el marco de una “cautelar” suspender el sistema de reconocimiento facial a las sombras de la Fiscalía actuante, ampliar maliciosamente el objeto de sus actuaciones, allanar el Ministerio de Justicia y Seguridad y el C.M.U., disponer consignas en los distintos ingresos del edificio para evitar mi salida del Ministerio y otros pocos funcionarios".
Para el ministro, el juez Gallardo "se ha excedido en sus funciones, ordenando medidas probatorias que vulneran los derechos de la comunidad, atentan contra la seguridad pública y contra la libertad de los funcionarios pertenecientes al presente ámbito ministerial; adoptando medidas por fuera del orden jurídico y excediendo las facultades que se le otorgan".
Además, sumó D'Alessandro, el magistrado intentó "obtener más información de lo que la manda disponía; y todo ello, bajo el lente de una cámara de videofilmación y mientras, misteriosamente, se filtraba el accionar a ciertos medios de comunicación puntuales, y vaya casualidad, afines al Gobierno Nacional".
Por ese motivo, "no se trató de una sucesión de hechos irregulares aislados, sino que a todas luces fue un entramado, una construcción fáctica y jurídica en la cual, bajo excusa de verificar la legalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos se cometieron las conductas que reprocha el ordenamiento criminal", aseguró.
Para el ministro, el juez Gallardo "se ha excedido en sus funciones, ordenando medidas probatorias que vulneran los derechos de la comunidad, atentan contra la seguridad pública y contra la libertad de los funcionarios pertenecientes al presente ámbito ministerial; adoptando medidas por fuera del orden jurídico y excediendo las facultades que se le otorgan".
"Ello, bajo el velo de un procedimiento específico como es una “cautelar”; en el cual se debe contar con pautas taxativas que no se verificaban en el caso de autos y a sabiendas de lo mismo".
El funcionario denunció también que el magistrado realizaó un tergiversación y manipulación intencional de los conceptos normativos relativos al régimen de protección de datos personales, tales como “datos biométricos” y “datos personales”, ya que "no se trata aquí de cuestiones técnicas opinables o que habiliten márgenes de discrecionalidad en el operador judicial sino que se trata de conceptos jurídicos expresos y bien determinados por el legislador que no se prestan a confusión alguna"
Sin embargo, se lee en la denuncia "con total desprecio a esa voluntad legislativa introdujo de forma deliberada y mendaz una sospecha de ilegalidad en el accionar del Gobierno de la Ciudad en torno al uso de los datos cedidos por el RENAPER, convenio mediante, para el cumplimiento de funciones identificatorias normales y habituales en cabeza de la Policía local, cual si se estuviera manipulando dicha base de datos y llevando a cabo tareas “de inteligencia” de consuno prohibidas por la Ley de Seguridad Pública Nº 5.688".